Inicio Piden que en crimen de reporteras no se descarte posible censura

Piden que en crimen de reporteras no se descarte posible censura

Por Anayeli García Martínez

El asesinato de las periodistas Ana María Marcela Yarce Viveros y Rocío González Trápaga se investigará como un caso de feminicidio, informó la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF).

Al respecto el abogado de la revista Contralínea, David Peña, quien también ha litigado casos de feminicidio, dijo a esta agencia que la investigación del caso, que será analizado como homicidio doloso por razones de género, comenzó hoy.

Afirmó que hasta el momento no se puede hacer un vínculo directo con las amenazas que ha recibido Contralínea por ejercer periodismo de investigación, sin embargo, dijo que pedirán que no se descarten los actos de hostigamiento que ha recibido la revista.

Ana María Marcela Yarce Viveros se desempeñaba como gerente de Relaciones Públicas de Contralínea y Rocío González Trápaga era periodista independiente.

Según datos de la PGJDF, ambos cuerpos presentaban signos de violencia, por ello la Fiscalía Central de Investigación para la atención del Delito de Homicidio lo investigará a través de la Fiscalía especial de Delitos Dolosos contra Mujeres.

De acuerdo con el Código Penal de la Ciudad de México, el feminicidio se acredita cuando la víctima presenta signos de violencia sexual, lesiones infamantes, degradantes o mutilaciones, previas o posteriores a la privación de la vida.

El artículo 148 Bis del Código penal precisa que será feminicidio si existieron amenazas, acoso, violencia o lesiones del victimario; y si el cuerpo fue expuesto, depositado o arrojado en un lugar público.

LIBERTAD DE EXPRESIÓN

Organizaciones civiles y organismos internacionales hoy se pronunciaron por no descartar los actos contra la libertad de expresión, y es que desde 2008 Contralínea enfrenta procesos jurídicos en su contra e incluso se le ha negado publicidad oficial.

Este viernes la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) informó que iniciaría una queja de oficio por el asesinato de ambas periodistas y detalló que una vez integrado el expediente de queja, se emitiría la determinación correspondiente.

La CNDH dijo que las agresiones, amenazas, intimidaciones y persecuciones que sufren las y los comunicadores, inhiben y limitan la libertad de expresión y afirmó que con la muerte de las reporteras, suman ocho los periodistas asesinados en lo que va del año y 74 del 2000 a la fecha.

Por su parte Amnistía Internacional emitió un pronunciamiento público para condenar el doble asesinato y exhortó a las autoridades responsables a considerar que sus actividades profesionales pudieron jugar un papel en la motivación de su asesinato.

También señaló la importancia de que la investigación establezca si el género de las periodistas fue un factor en la motivación del crimen. “La posibilidad de que estas mujeres periodistas hayan sido secuestradas y brutalmente asesinadas por razón de su género es alarmante”, expresó.

Al respecto la Oficina en México del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de Naciones Unidas hizo público un pronunciamiento donde argumenta que independientemente del móvil, “la violencia en contra de las y los periodistas ha devenido en un tema de acuciante preocupación”.

11/AGM/RMB

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