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Piden que Proigualdad incluya transparencia y rendición de cuentas

Por la Redacción

El Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 (PND) pese a ser el primer programa sexenal en el que se incluye la perspectiva de género como un enfoque transversal, no establece líneas de acción concretas y medibles, lo que dificultará que los programas sociales que de él deriven garanticen los Derechos Humanos (DH) de las mujeres.  
 
Ante este panorama y como parte de la consulta del Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres) para formular el Programa Nacional para la Igualdad de Oportunidades y no Discriminación contra las Mujeres 2013-2018 (Proigualdad), más de 50 grupos civiles exigieron que en los programas y políticas públicas haya mayor transparencia y rendición de cuentas, y que contemplen los temas que no necesariamente fueron incluidos en el PND.
 
En una misiva, organizaciones como Católicas por el Derecho a Decidir, Equis Justicia para las Mujeres y el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio, demandaron a Lorena Cruz Sánchez, presidenta del Inmujeres, vigile que Proigualdad cumpla con los lineamientos mandatados internacionalmente a favor de la población femenina.
 
Y es que a decir de las organizaciones firmantes, aunque el PND plantea acciones para cumplir con la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer (CEDAW, por sus siglas en inglés), “persiste la ambigüedad en relación al cumplimiento de este enfoque transversal y existen ausencias claras en temas fundamentales, para garantizar los DH de las mujeres”.
 
Las activistas sugirieron incluir en el Proigualdad acciones específicas para asegurar el cumplimiento de las recomendaciones al Estado mexicano emitidas por el Comité de la CEDAW, así como de las tres sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH).
 
También pidieron indicadores claros y medibles para cada acción mediante una coordinación efectiva entre el Inmujeres y la Comisión Nacional de Derechos Humanos, dependencia que lleva a cabo la observancia de la política nacional en materia de igualdad.
 
Igualmente, las organizaciones exigieron que se institucionalicen los recursos otorgados por Inmujeres a grupos civiles que atienden y dan seguimiento a casos de mujeres violentadas.
 
En el tema salud propusieron un paquete integral de servicios de salud sexual y reproductiva respetando los derechos femeninos, y mayor cobertura y actualización de los servicios para atender a la población adolescente, mujeres presas y mujeres de comunidades indígenas y rurales, respetando sus características específicas.
 
Demandaron que se reconozcan los derechos laborales de las empleadas del hogar y el trabajo doméstico no remunerado que realizan las mujeres. Además se debe asegurar que las mexicanas tengan derechos sobre la propiedad de la tierra, la propiedad intelectual, la información y la tecnología.
 
Las activistas se pronunciaron por la educación laica, gratuita y obligatoria como responsabilidad social del Estado, y porque se mantengan los avances en equidad de género y la toma de decisiones informadas respecto de la sexualidad.
 
En el ámbito judicial urgieron a que haya mecanismos de rendición de cuentas en el sistema de procuración de justicia. También pidieron medidas concretas para prevenir e investigar los ataques y otras formas de abuso contra mujeres periodistas y defensoras de DH.
 
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