Representantes de la Coordinadora Popular de Madres Educadoras (Copome), que agrupa 37 Centros de Atención Comunitaria, entregaron hoy a las secretarías de Desarrollo Social (Sedesol) y de Educación Pública (SEP), un documento en el que piden el reconocimiento oficial de la educación comunitaria y la incorporación de ésta en las políticas públicas.
Tras una marcha del Angel de la Independencia a la Diana Cazadora en la que participó un centenar de madres trabajadoras, dos comisiones integradas por representantes de la Copome entregaron en las instalaciones de cada dependencia la solicitud.
La demanda, que se realiza dos días después de que el Banco Mundial presentó el estudio Desafíos y Oportunidades para la Equidad de Género en América Latina y El Caribe, el cual señala que las políticas públicas en materia de educación son excluyentes, es una respuesta a las modificaciones a los artículos tercero y 31 Constitucional del pasado 12 de noviembre.
Dichas modificaciones establecen la obligatoriedad de la educación preescolar, así como una serie de condiciones bajo las cuales debe impartirse ésta y reconocen al sector público y privado como únicas instancias facultadas para ello.
Estas reformas dejan fuera a los centros de atención comunitaria que actualmente prestan servicios de guarderías en horarios prolongados de hasta ocho horas, preescolar y comedores a las madres trabajadoras.
A decir de Leticia Chávez, coordinadora de Copome, las modificaciones a dichos artículos son contrarias a las necesidades de las madres trabajadoras de los sectores populares del país, ya que reducen los horarios de atención que en las escuelas de gobierno son de apenas cuatro y media horas y disminuyen sus posibilidades de conservar su empleo o acceder a uno.
Aunque dijo desconocer el documento del Banco Mundial, Leticia Chávez, consideró que las modificaciones a los artículos tercero y 31 Constitucional son un atentado para las madres trabajadoras que hacen uso de los centros de atención comunitaria, lo que les permite trabajar.
Ante el nuevo marco legal, que entrará en vigor el próximo año, Leticia Chávez solicitó la cooperación de la Sedesol para establecer mecanismos que hagan posible el reconocimiento de la educación comunitaria toda vez que esta dependencia gubernamental cuenta con 148 centros a través de los programas para jornaleros agrícolas y madres jefas de familia.
Afirmó que si la SEP no quiere hacer nada respecto al riesgo que implican para dichos centros las modificaciones a la ley, «entonces nos diga qué va a hacer ante esta situación, sabemos que no tiene la capacidad para satisfacer la demanda de guardería y educación preescolar actual».
Leticia Chávez recordó que estos centros nacieron hace 20 años ante la falta de capacidad de la SEP para garantizar el derecho a la educación en las zonas más pobres del país. Actualmente existen 163 centros de la sociedad civil, mismos que atienden a más de 86 mil menores de seis años.
MM/MEL
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