El Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), Washington Office on Latin America (WOLA), Latin America Working Group (LAWG) y U.S. Office on Colombia, enviaron una carta al Presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, para expresarle su desacuerdo por la destitución de la fiscal Ángela María Buitrago, encargada de la investigación del caso del Palacio de Justicia desde 2005.
Las organizaciones pidieron el reemplazo del Fiscal General Guillermo Mendoza Diago, por un Fiscal que «actúe con la necesaria integridad y entereza para resolver de manera continua la investigación del Palacio de Justicia, y reincorpore a la doctora Buitrago a su cargo».
Expresaron que la decisión de relevar de sus funciones a la Fiscal Buitrago, titular de la investigación del caso del Palacio de Justicia, levanta serios cuestionamientos sobre la disposición del Estado colombiano a investigar las más graves violaciones de derechos humanos.
Las organizaciones solicitaron al Gobierno adoptar las medidas necesarias para asegurar la integridad física de la Doctora Buitrago y de todos los jueces, fiscales, abogados de derechos humanos y familiares de las víctimas involucradas en el caso de la toma del Palacio de Justicia.
Subrayaron que la Comisión de la Verdad sobre los Hechos del Palacio de Justicia creada por la Corte Suprema, estableció que tras la toma del Palacio por parte de los guerrilleros del M-19 en noviembre de 1985 y la recuperación por parte de la fuerza pública colombiana, miembros de las fuerzas armadas mataron y desaparecieron alrededor de por lo menos una docena de víctimas inocentes.
El 3 de septiembre de 2009, el Fiscal Mendoza Diago relevó de su cargo a Ángela María Buitrago, días después que ésta llamara a declarar a tres generales colombianos en retiro por su presunta participación en el homicidio del Magistrado Carlos Horacio Urán.
Buitrago estaba encargada de varias investigaciones y juicios de derechos humanos, como el del ex Director del Departamento Administrativo de Seguridad Jorge Noguera, el ex director de fiscalías de Medellín, Guillermo Valencia Cossio, y el ex senador Ciro Ramírez, por su presunta conspiración con grupos paramilitares.
La Comisión, integrada por Jorge Aníbal Gómez Gallego, José Roberto Herrera Vergara y Nilson Pinilla Pinilla, ex presidentes de la Corte Suprema de Justicia, elaboró un informe preeliminar el 15 de noviembre de 2006 con el objetivo de dar a conocer a la sociedad y a las víctimas lo ocurrido tras la toma del Palacio de Justicia.
De acuerdo con el Informe, 35 miembros del grupo guerrillero Movimiento 19 de abril (M-19) ingresaron al Palacio de Justicia en Bogotá, sede de la Corte Suprema y del Consejo de Estado, con la finalidad de acentuar la presión sobre el Gobierno, el 6 de noviembre de 1985.
El M-19 asesinó a dos vigilantes y al administrador del edificio y de inmediato se dirigieron hacia el cuarto piso, donde se hallaban las salas Penal y Constitucional de la Corte, donde tomaron como rehenes a Magistrados, oficiales y civiles.
El Informe menciona que el grupo guerrillero no accedió a la entrega voluntaria del Palacio que les ofreció el Gobierno Nacional en la conversación telefónica que sostuvieron con el Director General de la Policía Nacional, General Víctor Alberto Delgado Mallarino, quien habló a nombre del Presidente de la República.
Señala que a pesar del «gesto humanitario» que tuvo el M-19 al permitir la salida de mujeres y heridos, es el principal responsable de los muertos y heridos del Palacio de Justicia.
En la Carta dirigida al Presidente, las organizaciones señalaron que los crímenes ignorados por dos décadas, comenzaron a investigarse cuando la Doctora Buitrago fue nombrada fiscal encargada del caso a principios del 2005, periodo en el que se lograron avances importantes, como el inicio de los procesos en el que varios miembros de alto rango de las fuerzas armadas fueron investigados o juzgados.
Como parte de la investigación, hace algunos meses se dictó la primera condena penal en el caso, contra el Coronel retirado Alfonso Plazas Vega, hecho que evidenció la impunidad que caracterizó las violaciones de derechos humanos cometidas por las fuerzas armadas.
Denunciaron que poco tiempo después de condenar a Plazas Vega de homicidio, la Jueza tercera Stella Jara se vio forzada a huir del país, pese a que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos le había ordenado al gobierno protegerla.
En la carta, las organizaciones firmantes notificaron al Presidente Santos, que la destitución de la Doctora Buitrago representa un retroceso en uno de los casos más emblemáticos sobre derechos humanos en Colombia y evidencia que el Fiscal General de Colombia al destituir a su personal, parece estar dispuesto a comprometer investigaciones de alto perfil.
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