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Piden se informe si ya se acataron recomendaciones de CEDAW

Por la Redacción

Organizaciones civiles solicitaron a la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) informe sobre las acciones que el Estado mexicano ha realizado para acatar las recomendaciones que en 2012 emitió el Comité de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer (CEDAW, por sus siglas en inglés), lo que debió ocurrir desde hace dos meses.
 
En una carta enviada al embajador y subsecretario de Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la SRE, Juan José Gómez Robledo, organizaciones como Consorcio para el Diálogo Parlamentario y la Equidad-Oaxaca y Católicas por el Derecho a Decidir demandaron conocer la información que México tenía obligación de enviar al Comité de la CEDAW a más tardar el pasado 15 de agosto.
 
En la misiva denunciaron que hasta ahora no se ha recibido información sobre la elaboración, consulta y envío de tal informe, solicitado por el Comité de la CEDAW, “a pesar de que en su momento diversas organizaciones propusimos a la SRE una ruta para la elaboración de dicho informe”.
 
El Centro de Derechos Humanos de las Mujeres de Chihuahua y Equis Justicia para Mujeres –organizaciones que también firman la misiva– recordaron a Gómez Robledo que en julio de 2012 el Comité de la CEDAW emitió recomendaciones para que el Estado mexicano garantice a las mujeres el acceso a todos sus derechos.
 
En su informe, el Comité pidió a México dar detalle a más tardar en agosto de este año sobre las medidas para cumplir las tres recomendaciones específicas emitidas.
 
Y es que el Estado mexicano debía informar sobre la creación de un “registro oficial sistemático de las desapariciones forzosas a fin de poder evaluar la magnitud del fenómeno”, la adopción de políticas apropiadas, y la revisión de los códigos penales locales para tipificar como delito las desapariciones forzosas.
 
Asimismo, el Estado mexicano debía reportar las acciones realizadas para “simplificar los procedimientos existentes para activar el Protocolo Alba y la Alerta Amber, a fin de poner en marcha sin demora la búsqueda de las mujeres y jóvenes desaparecidas, y normalizar los protocolos de búsqueda policial”.
 
En segundo lugar debía informar sobre las medidas que tomó para armonizar las leyes federales y estatales relativas al aborto, “a fin de eliminar los obstáculos que enfrentan las mujeres que deseen interrumpir un embarazo de forma legal, y ampliar también el acceso al aborto legal teniendo en cuenta la reforma constitucional en materia de Derechos Humanos (promulgada en 2011)”.
 
Y finalmente informar sobre las medidas emprendidas para hacer del conocimiento de las y los proveedores de servicios médicos y trabajadores sociales “que las (16) enmiendas constitucionales locales (para proteger la vida desde la concepción-fecundación) no han derogado los motivos para interrumpir un embarazo de forma legal”, así como de las responsabilidades que tienen.
 
Para las organizaciones, entre las que también se encuentra el Grupo de Información en Reproducción Elegida y el Instituto de Liderazgo Simone de Beauvoir, “dada la gravedad de los asuntos que el Comité de la CEDAW advierte, resulta fundamental que el Estado mexicano informe a la brevedad” tanto al Comité como a la sociedad y organizaciones sobre las acciones que emprendió para acatar las recomendaciones.
 
Finalmente le reiteraron al subsecretario de Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la SRE su interés por trabajar de manera conjunta, con observaciones y propuestas, sobre las formas en las que se pueden implementar de manera oportuna y adecuada todas las recomendaciones, para “el beneficio de las niñas y mujeres bajo la jurisdicción del Estado mexicano”.
 
En julio de 2016 el Estado mexicano deberá presentar su octavo informe periódico al Comité de la CEDAW.
 
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