La prostitución infantil es un problema que muchos no quieren ver y que pocos investigan a profundidad. Mafias, falsas promesas, pobreza y turismo sexual son las figuras repetidas de las oscuras tramas que se tejen en el escabroso ambiente de la inocencia perdida.
La Organización Internacional del Trabajo (OIT) define a la utilización, el reclutamiento o la oferta de menores para la prostitución, la producción de pornografía o actuaciones pornográficas como «las peores formas de trabajo infantil», aunque mencionar la palabra trabajo en este contexto genera estupor.
Según estimaciones de este organismo, las niñas, niños y adolescentes constituyen las principales víctimas de la explotación sexual y laboral, en un negocio que deja un rédito cercano a 12 millones de dólares anuales.
Argentina no está ajena al fenómeno y en el año 2005 la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) reveló la existencia de una ruta proveedora de mujeres, niñas y niños, con un itinerario que se inicia en las provincias del noroeste y noreste (Tucumán, Entre Ríos, Jujuy) y finaliza en ciudades ubicadas al sur (Buenos Aires, Rosario, Necochea).
El punto de inicio de esta proveeduría no es casual. El norte argentino es la zona más golpeada por la pobreza, mientras que las ciudades de destino representan, en general, las urbes donde se concentran la mayor riqueza urbana y los puertos de ultramar.
De acuerdo con la OIT, es en la provincia de Misiones, ubicada en el noreste de este país y lindante a la llamada triple frontera entre Brasil, Paraguay y Argentina, donde se encuentra uno de los focos del problema.
Este lugar sería una de las principales fuentes de provisión de menores forzados a ejercer la prostitución dentro de Argentina, muchas veces vinculado al turismo sexual, o trasladados a países limítrofes.
El organismo mundial manifiesta que existen aproximadamente tres mil 500 infantes que se encuentran dentro de la triple frontera en situación de explotación sexual. A su vez, explica que, en muchos casos, llegan a esa situación obligados por sus padres o sometidos por las redes de las mafias.
«La sociedad debería actuar junto al Estado para lograr acciones legales que impidan esta clase de turismo», dijo Carmen Frías, especialista en temas de la niñez y actual directora General de Atención y Asistencia a la Víctima del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
«Además, gran parte de la sociedad cree que la prostitución infantil sucede en otros países, e ignora todo lo que ocurre a su alrededor, en provincias cercanas, en prostíbulos vecinos», acotó.
Por su parte, el Estado ha emprendido acciones para erradicar y prevenir esta situación, a través de una ley que adhiere en el ámbito nacional al Protocolo Relativo a la Venta de Niños, la Prostitución Infantil y la Utilización de los Niños en la Pornografía, que complementa la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño.
Durante 2005, el Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, junto al Fondo de la ONU para la Infancia y organizaciones de la sociedad civil, ejecutó una enérgica campaña contra la explotación sexual infantil.
Esta acción se realizó con el lema «Sin clientes no hay prostitución infantil» y tuvo como objetivo la prevención, atención y acompañamiento de menores víctimas de este delito.
Sin embargo, aún hay mucho por hacer. «Existen deudas pendientes, pero no tengo duda en reconocer los importantes aportes del movimiento de mujeres y feministas que denuncian casos de explotación y abusos sexuales a menores», apuntó Frías.
«Considero que existe un vacío legal y el Estado debería tener una presencia mas intensa en el enfrentamiento a este problema», reafirmó.
06/LR/CV
