Inicio Pisoteados los derechos sexuales y reproductivos en México

Pisoteados los derechos sexuales y reproductivos en México

Por Silvia Magally

A iniciativa del Grupo de Información en Reproducción Elegida (Gire), grupos defensores de los derechos femeninos enviarán una misiva a la relatora para la Mujer de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Marta Altolaguirre.

En la carta las organizaciones civiles señalan como ejemplo el caso de Paulina, indígena a quien autoridades del norteño estado de Baja California negaron el aborto legal por violación en 1999 y cuyo caso investiga la instancia.

En la carta, que circula entre las organizaciones civiles y que será publicada en los principales diarios de circulación nacional, las activistas firmantes manifiestan su preocupación por las constantes violaciones a los derechos reproductivos de las mexicanas y la falta de acceso a mecanismos expeditos de justicia.

El texto señala como emblemático el caso Paulina tanto en México como en América Latina pues sus derechos legítimos fueron gravemente violados.

Cuando Paulina –quien hace unos días cumplió la mayoría de edad–, tenía 13 años, fue víctima de una violación quedando embarazada. A pesar de que la legislación mexicana permite el aborto en caso de embarazo por violación, éste le fue negado por agentes públicos y médicos del estado de Baja California.

Bajo amenazas y presiones de autoridades y grupos conservadores Paulina desistió de su derecho a interrumpir su embarazo producto de la violación, recuerda el texto.

Mas aún el director en aquel entonces del Hospital General de Mexicali, Isamel Avila Iñiguez, mintió al argumentar que de abortar la menor ponía en peligro su vida o podría quedar estéril.

«La desafortunada experiencia de esta menor es un ejemplo de muchos casos en los que mujeres de América Latina no han podido ejercer derechos fundamentales como el derecho a la vida, a la salud, a la autodeterminación reproductiva, y el derecho de la víctima a ser protegida y atendida, en este caso, teniendo acceso a un aborto en condiciones seguras cuando las normas así lo permiten», dice textualmente la carta.

La misiva advierte que la expectativa de justicia continuará siendo menoscabada ante la falta de protección conforme a derecho.

En el escrito, las activistas consideran que el principio de derecho, de las normas internacionales de derechos humanos y de la democracia conforman la base que permite un trato digno y equitativo del Estado hacia los ciudadanos.

Advierten que México es plenamente responsable por su omisión en proteger los derechos de Paulina, de acuerdo con diferentes convenciones y tratados internacionales firmados el gobierno mexicano.

«Estamos convencidas de que enfrentar la justicia internacional obligará al Estado mexicano a cumplir con los compromisos asumidos internacionalmente. La CIDH debe velar porque los gobiernos de la región reconozcan los vacíos en sus procedimientos legales en cuanto a garantizar el acceso a los servicios de aborto legal en caso de violación», establece el documento.

Finalmente, la carta señala que con el ánimo de defender los derechos reproductivos de las mujeres, garantizados en las convenciones internacionales, «consideramos que el hecho de que la CIDH admita el caso Paulina contribuirá a la lucha en contra de la violación de los derechos de las mujeres víctimas de violencia sexual».

2003/SM/MEL

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