Plan b – Las adicciones de Peña

Durante la reunión por el Día Internacional contra el Abuso de Drogas y Tráfico Ilícito, el embajador norteamericano, Anthony Wayne, vino a darle lecciones a México de la misma manera en que un invidente intentaría explicarnos cómo ver.
 
Con él, la secretaria de Salud, Mercedes Juan López, aseguró que “el consumo de drogas ilícitas amenaza la estabilidad socieconómica y política de México”. Sin miramiento de su confusión conceptual, aseguró que “el problema de las adicciones ahora se ve como un problema de salud pública”.
 
A su lado el embajador Anthony Wayne describió el tremendo éxito de las Cortes para el tratamiento de drogas (Drug Treatment Courts) en su país.
 
En un año, dijo, mil 700 tribunales han ayudado a 120 mil personas detenidas a resolver su problema de adicción al alcohol o drogas, bajo estricta supervisión del juzgado. La opción es cárcel o tratamiento y la valoración es que todo usuario de drogas o alcohol que sea detenido es, necesariamente, un adicto.
 
Luego el subsecretario de Prevención y Participación Ciudadana, de la Secretaría de Gobernación, Roberto Campa, celebró que el gobierno norteamericano “ayude” a implementar esas Cortes en seis ciudades. Imagínese que el país que peor lleva el tema de la venta y consumo de adicciones viene a aleccionar a México.
 
Mientras en el mundo entero las y los expertos han demostrado que la visión prohibicionista norteamericana sólo ha favorecido al crimen organizado y a las redes policiales y políticas corruptas, el equipo de Enrique Peña Nieto impone al embajador como el portador de “nuevos métodos” que no lo son.
 
El más reciente informe de la Drug Policy Alliance (DPA), llamado “Las Cortes de las drogas no son la respuesta: hacia un enfoque sobre las drogas centrado en la salud”, dice: las Cortes no han demostrado reducción de encarcelamientos, ni mejorado la seguridad pública, dejan a la gente más frustrada y ha fortalecido una visión más punitiva sobre las adicciones.
 
Margaret Dooley Sammuli, perteneciente a la DPA, dijo que el fenómeno de estas Cortes resulta de “una confusión entre creer que las buenas intenciones son siempre buenas ideas”. Sí ayudaron a algunas personas, pero han encarcelado a más.
 
Mientras las Cortes se enfoquen en las personas cuyo único delito ha sido su condición de salud (el consumo de alguna droga), éstas  serán parte del problema y no de la solución. Este informe demuestra con datos duros e investigación científica cómo está fallando el Estado norteamericano.
 
¿Por qué celebra Roberto Campa? Si Estados Unidos tiene un problema sistémico de arrestos y encarcelaciones masivos de consumidores de drogas. Si México ya tiene una política de despenalización de consumo personal y aunque precisa perfeccionamiento, éste implica aprender de los países que han mejorado, no en los que han empeorado.
 
Este tema es vital para México porque genera más contradicción legal. ¿Qué no sabrá Campa que en Holanda, donde la despenalización de cannabis es total, hay mucho menos consumo per cápita que en Estados Unidos?
 
Qué no sabe que el modelo de Camboya, de tratamientos médicos impuestos contra la voluntad de las personas no sólo violan las garantías individuales y los Derechos Humanos, además no funciona, porque es indispensable que la persona adicta reconozca tener un problema para trabajar en él. Nos lo han demostrado los Alcohólicos Anónimos (AA). Estos programas avalados por la ONUDD e impulsados por el gobierno norteamericano son un barniz político costosísimo.
 
La Declaración sobre Drogas y Democracia insiste en que el prohibicionismo se basa en prejuicios, temores y visiones ideológicas; cierto y ahora vemos justamente esa perenne contradicción entre las política progresista y la ideología prejuiciada, que da por hecho que toda persona consumidora de drogas o alcohol es de facto adicta y enferma.
 
Y ni todos son adictos, ni todos están enfermos. Estados Unidos arresta 1.4 millones cada año por consumo personal (de 8 millones registrados), mientras su sistema de salud pública no invierte en tratamientos suficientes para abatir adicciones; las opciones de sanar a personas adictas son mínimas. El resto acabará en prisión doblemente discriminado por su aspecto, su edad o su origen étnico.
 
Desde 1989 se abrió la primera Corte de Drogas en Florida, hoy hay 2 mil 559 en ese país. Su intención original era llevar a tratamiento a quienes cometían delitos por abuso de drogas, pero en 24 años se ha judicializado más la adicción. La esquizofrenia entre Estado policiaco y progresista la ha hecho fallar.
 
El presidente Peña dijo que tendría un enfoque novedoso, pero no hace sino abrevar del más fallido y anticuado sistema: el norteamericano. El país prohibicionista de más alto consumo de drogas ilícitas.
 
Twitter: @lydiacachosi 
www.lydiacacho.net
 
*Plan b es una columna publicada lunes y jueves en CIMAC, El Universal y varios diarios de México. Su nombre se inspira en la creencia de que siempre hay otra manera de ver las cosas y otros temas que muy probablemente el discurso tradicional, o el Plan A, no cubrirá.
 
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