Debido al aumento en el número de denuncias que las mujeres presentan en el Distrito Federal, para la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) es necesario que las dependencias del GDF reorienten el diseño de sus acciones específicas para defender los derechos humanos de las mujeres.
De acuerdo con un análisis de la Comisión en el 2005, publicado este año, refiere que del total de personas que acudieron a presentar una denuncia durante el año pasado (46 mil), el 55 por ciento fueron mujeres, por lo que esa instancia considera que «hay una deuda estructural del aparato de justicia con las mujeres».
Toda vez, señala, que son las mismas instituciones encargadas de la procuración de justicia las que más violentan los derechos humanos de este sector de la población.
Advierte, también, de la necesidad de desarrollar políticas públicas para que en el interior de la propia institución las y los visitadores tengan la sensibilidad y capacidad para atender con mayor efectividad a estas mujeres.
De acuerdo con el documento, las mujeres de más de 51 años cuya escolaridad mínima es de secundaria y de bajos recursos económicos, son las que más se presentan a denunciar ante esta institución, sobre todo para exponer la violación que un tercero ha cometido a los derechos de sus hijos y/o esposo.
La CDHDF indica que cuando las mujeres acuden a presentar una denuncia les son violentados entre otros derechos de garantías a la seguridad jurídica, al debido proceso y garantías judiciales, a la libertad y seguridad, a la integridad personal, a la petición y pronta respuesta, a una adecuada protección judicial, a la honra, a la dignidad y a la salud.
El informe constata además, que son las mismas instituciones encargadas de procurar o administrar justicia las que más incurren en la violación de derechos de las mujeres destacando la Secretaría de Seguridad Pública y la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal.
Entre los tipos de violación más recurrentes el estudio señala la negativa u obstaculización de asesoría, negativa a la protección y a recibir información sobre el procedimiento penal, negativa a iniciar una averiguación previa y a la reparación del daño.
El documento destaca la violación a los derechos de las y los niños como el derecho a la salud, lo que representó el 46 por ciento de las quejas recibidas por dicha Comisión.
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