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Plantean diputadas reforzar ley contra violencia de género

Por Anaiz Zamora Márquez

Diputadas federales por el Partido de la Revolución Democrática (PRD) presentaron una iniciativa de reforma a diversos artículos de la Ley General de Acceso de las Mujeres a Una Vida Libre de Violencia (LGAMVLV), para hacer operable la Alerta de Violencia de Género (AVG), y fijar un plazo de siete años para que el Estado mexicano cumpla todas las recomendaciones de organismos internacionales de Derechos Humanos (DH).
 
La iniciativa se presentó ante la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, luego de que las fracciones de los partidos Revolucionario Institucional (PRI) y Acción Nacional (PAN) –a decir de las diputadas– se negaran a votar durante el pasado periodo ordinario de sesiones, una propuesta en el mismo sentido llevada por la Comisión de Igualdad de Género de la Cámara baja. 
 
Previo a que terminara el periodo ordinario de sesiones –último de la actual Legislatura federal–, defensoras de DH mandaron una carta al priista Manlio Fabio Beltrones, presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, para pedirle que el dictamen fuera aprobado “como una forma de garantizar las obligaciones asumidas por el Estado mexicano al ratificar los tratados internacionales en materia de Derechos Humanos”.
 
En la misiva se señaló que la LGAMVLV, si bien ha sido un paso más para la erradicación de la violencia de género, “ha sido insuficiente para hacer frente a la grave situación de violencia de género, en particular, la feminicida”.
 
Las integrantes del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF) expusieron que la iniciativa responde a las recomendaciones del Comité de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer (CEDAW, por sus siglas en inglés), emitidas a México en 2012.
 
En la nueva versión de la iniciativa se propone la incorporación de conceptos como “agravio comparado” (cuando una ley violenta los derechos de las mujeres), “parto humanizado”, “víctima indirecta” o “revictimización”.
 
Así como incluir en la ley la violencia contra los derechos sexuales y reproductivos; la violencia obstétrica, y la violencia en el noviazgo, que se definirá como “el acto abusivo de poder u omisión intencional, dirigido a dominar, someter, controlar o agredir a las mujeres de cualquier edad, mediante la realización de uno o varios tipos de violencia, durante o después de una relación de noviazgo, o una relación afectiva”.
 
Las reformas a la LGAMVLV también establecerían la obligación de los poderes legislativos en los estados de tipificar la violencia obstétrica, armonizar o en su caso tipificar el delito de feminicidio; así como de investigar toda muerte violenta de una mujer como delito de feminicidio, y en caso de que no se acredite ninguno de los elementos del tipo penal se investigaría como homicidio.
 
En la iniciativa se plantea modificar –una vez más– el procedimiento para solicitar y declarar la AVG, la cual se decretaría ante la existencia de violencia estructural contra las mujeres y niñas, y por “agravio comparado”.
 
Se propone la creación de un “Comité de Selección”, que tendrá como objetivo evaluar y elegir a las integrantes del “Comité de Expertas” conformado por cinco mujeres especializadas en derecho internacional, nacional y local de DH de las mujeres y las niñas; defensoría; evaluación, diseño y reorientación de políticas públicas; procuración y administración de justicia, y seguridad ciudadana.
 
En caso de que se decrete la AVG, las autoridades señaladas en el informe que presente el “Comité de Expertas” contarán con 30 días hábiles para empezar a desahogar las recomendaciones, rindiendo informes trimestrales sobre el avance en el cumplimiento a la Secretaría de Gobernación, la cual deberá hacerlos públicos y dar seguimiento al cumplimiento de las medidas que se hayan emitido para hacer frente a la contingencia que motivó la Alerta.
 
La iniciativa firmada por diputadas federales como Martha Lucía Mícher Camarena, Amalia García Medina y Aleida Alavez Ruiz, también propone reformas a la LGAMVLV para volver más eficientes los procedimientos para otorgar órdenes de protección a las mujeres en casos de violencia de género.
 
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