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Población femenina, más vulnerable ante la extorsión

Por Anaiz Zamora Márquez

A nivel latinoamericano la extorsión es un delito común, en algunos casos permitido, que afecta en mayor medida a la población de bajos recursos que carece de las herramientas para prevenir este crimen y acceder a la justicia.
 
Para analizar esta problemática, la Fundación Heinrich Böll Stiftung realizó ayer el foro “La extorsión, el gran desafío para las sociedades latinoamericanas”, con la participación de expertos nacionales e internacionales en materia de seguridad y Derechos Humanos.
 
Según cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), en México se cometen más de 6 millones de extorsiones al año, es decir 11 cada minuto, lo que coloca a este delito como el segundo con mayor incidencia a nivel nacional.
 
El Estado de México y el Distrito Federal son las entidades con mayor incidencia en extorsiones. A nivel nacional, el 54 por ciento de las víctimas son mujeres, de acuerdo con el Inegi.
 
Marco Lara Klahr, periodista sobre temas de seguridad, consideró que la extorsión se comete en mayor medida contra la población femenina, pues son ellas las que “están en un nivel claro de más vulnerabilidad” de ser víctimas de alguna clase de delito.
 
Señaló que muchas de las prácticas extorsivas se han “naturalizado” (como el pago por el servicio de limpieza o por los estacionamientos en vía pública), y en los casos de extorsiones cometidas por el crimen organizado, apuntó que en gran medida se cometen con base en información brindada por personas cercanas a las víctimas.

Lara Klahr también consideró que la impunidad en la que se mantienen los delitos es un problema esencial para la incidencia, pero no el más importante, toda vez que hay enormes incentivos en la sociedad mexicana para extorsionar, como la “alta rentabilidad” que trae consigo este delito.
 
Ignacio Cano, doctor en Sociología y Psicología social, acotó que se extorsiona en mayor medida a los grupos vulnerables, pues para los delincuentes implica menos inversión de recursos y por lo general esa población carece de la seguridad necesaria para evitar estas prácticas.
 
En Brasil, a decir de Cano, gran parte de las extorsiones son cometidas por la milicia brasileña, es decir por la policía creada desde 2008 por el Estado para intentar frenar la violencia en las favelas (cinturones de miseria de urbes como Sao Paulo y Río de Janeiro).
 
A decir del también profesor en Metodología de la Investigación es precisamente el involucramiento del Estado (ya sea de manera activa o por negligencia) lo que permite la alta incidencia de la extorsión.
 
La doctora en Filosofía latinoamericana, Beatriz Nájera Pérez, dio a conocer que en El Salvador el delito de “renteo” es una práctica recurrente cometida contra la población más vulnerable.
 
Son cuotas que se cobran a la población, en especial a menores de edad y mujeres, para asegurar que no se cometerán otra clase de delitos en su contra, lo que vulnera su derecho a vivir en condiciones de seguridad y libertad.
 
Los especialistas coincidieron en la necesidad de visibilizar estas prácticas y en crear mecanismos eficaces que detengan el delito, e identifiquen el involucramiento de las instituciones en este crimen.
 
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