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Población LGBT no debe ser ciudadanía de segunda

Por Sanjuana Martínez

La participación de lesbianas, homosexuales, transgénero y transexuales en candidaturas de elección popular en las próximas elecciones es un avance hacia el camino de la normalización de esa población históricamente marginada en nuestro país.

Los candidatos abiertamente homosexuales para puestos de regidores y diputados que se han presentado en las listas electorales en diversas ciudades del país, representan la lucha por la diversidad sexual; una intensa lucha que no ha logrado cambiar la lacerante realidad que padecen las personas que optan por una opción distinta a la heterosexual.

México ocupa el segundo país con más asesinatos por homofobia y lo más grave es que la mayoría de esos crímenes quedan impunes debido a la re victimización de los homosexuales.

La población Lésbico, Gay, Bisexual y Transgénero (LGBT) tiene serias dificultades para obtener un verdadero acceso a la justicia. En el sistema existen aún prejuicios que impiden la reparación del daño. Los policías, ministerios públicos y jueces requieren de una debida capacitación para prevenir la vulneración de los derechos de los homosexuales.

De los 126 asesinatos de homosexuales ocurridos en los últimos 10 años en el Distrito Federal, el 80 por ciento sigue impune, según el diagnóstico de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal.

El análisis de estos crímenes permite ver la lamentable incomprensión que padecen aún los homosexuales por el Estado, la sociedad y sus propias familias.

El diez por ciento de los 126 asesinados fue identificado por sus familiares, pero éstos decidieron no reclamar sus cuerpos; mientras el cinco por ciento de esa cifra correspondió a no identificados. Quiere decir que el desprecio contra esta población se presenta primero en su casa.

La discriminación e intolerancia contra los homosexuales convierten a México en un país atrasado, violento e impune. En la región, las relaciones homosexuales todavía siguen siendo consideradas un crimen en siete países. El año pasado Nicaragua y Panamá despenalizó esta opción sexual, pero todavía queda mucho por hacer.

Las actitudes homófobas siguen siendo recurrentes en cualquier nivel de la vida productiva mexicana. Por ejemplo, los gays son tratados como apestados a la hora de donar sangre; tampoco les permiten ser donadores de órganos.

Ambas decisiones del sector salud son equivocadas e inaceptables en un país que se dedica a firmar tratados internacionales de respeto a los derechos humanos que luego no cumple.

La comunidad LGBT es altamente solidaria y su exclusión representa una gran pérdida para todos. Los letreros en los hospitales públicos de Monterrey que dicen “todos pueden donar sangre, menos los homosexuales” lastiman la dignidad de toda la sociedad.

El rosario de discriminaciones es muy largo, pero continuaré exponiendo ejemplos varios. Los balnearios en Aguascalientes que todavía tienen letreros en la puerta que dicen: “Prohibida la entrada a los perros y a los homosexuales” deberían de ser castigados por las autoridades: incitan a la homofobia, generan intolerancia y lo que es más importante vulneran las garantías individuales de esta población.

Las redadas indiscriminadas de la policía en Puebla contra los travestis están prohibidas por la Constitución. Las violaciones perpetradas por los propios policías deberían ser castigadas con cárcel e inhabilitación de por vida para esos elementos homófonos que presumen de machitos frente a sus compañeros a la hora de golpear y violentar sexualmente a gays y trans.

Es inaceptable que ellos vivan en la indefensión porque el Estado evade su responsabilidad. Son ciudadanos de segunda y ya es hora que dejen de serlo.

A nivel nacional se han registrado 464 crímenes de odio por homofobia que de 1995 a 2007. El 98 por ciento sigue impune. Estas cifras dan vergüenza.

La Comisión Ciudadana contra Crímenes de Odios por Homofobia señaló en su estudio que de los asesinados, 445 fueron hombres, 19 mujeres y 52 travestis o transgéneros.

El Distrito Federal sigue siendo la ciudad con mayor número de asesinatos, pero le siguen el Estado de México con 63, Michoacán y Yucatán con 39 respectivamente y Colima con 24.

Los estados que ni siquiera se han tomado la molestia de contabilizarlos son: Zacatecas, Tlaxcala, San Luis Potosí, Campeche, Baja California Sur y Aguascalientes.

En el estado que no se raja, Jalisco, los crímenes que han acabado con la vida de homosexuales ofenden al conjunto de la sociedad mexicana. Las autoridades de allí no reconocen la homofobia y rechazan que exista una ley que tipifique estos crímenes.

Desde la Federación tampoco hay síntomas de cambio, por el contrario, Felipe Calderón demuestra su desprecio al haber congelado el proyecto para establecer el 17 de mayo como Día Nacional contra la Homofobia. El Ejecutivo tiene la obligación de firmar la medida porque el decreto ya fue aprobado por el Congreso de los Diputados.

¿Qué pasa con la mayoría heterosexual de este país? ¿Por qué permanece pasiva ante tanto atropello? ¿Por qué la indolencia? ¿Por qué el sistema no combate la homofobia? Hay batallas a las que debemos unirnos todos sin importar nuestra ideología, religión u opción sexual. Son batallas que intentan mejorar el aire que respiramos. No lo olvidemos.

* Sanjuana Martínez es periodista de investigación freelance, autora de varios libros, el más reciente: “Prueba de fe. La red de cardenales y obispos en la pederastia clerical” (Editorial Planeta).

09/SM/LA/GG

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