Pobreza, discriminación social y violencia, orillan a migrar

Más de 500 mil personas cruzan a Estados Unidos anualmente mediante una ruta “plagada de riesgos”, entre ellos múltiples violaciones a los Derechos Humanos y la muerte; aun así, no existen medidas de refugio para esta población vulnerable, indicó un comunicado emitido por la organización Consejería en Proyectos para Refugiados Latinoamericanos (PCS, por sus siglas en ingles).
 
La pobreza, la discriminación social, y el incremento de la violencia en los países de Guatemala, Honduras y El Salvador, también conocidos como el Triángulo Norte de Centroamérica, son las causas principales del desplazamiento masivo de personas en esta zona.
 
Cuando son detenidos, las y los migrantes sufren “tratos crueles, inhumanos y degradantes” en México así como en Estados Unidos, lo que PCS y otras organizaciones internacionales han reconocido y calificado como una crisis de los Derechos Humanos.  
 
“Hoy por hoy existe a nivel regional una ausencia de mecanismos efectivos de refugio que sean capaces de responder al creciente desplazamiento forzado que se está viviendo”, comunicó PCS, previo a la reunión que sostendrá con la organización canadiense Inter Pares y de la Plataforma Internacional contra la Impunidad y varios miembros de la Misión Internacional en Ginebra, desde el 29 de agosto al 2 de septiembre.
 
En dicha reunión, abordarán el tema ante varios organismos internacionales de protección de Derechos Humanos de las Naciones Unidas (ONU), como el Alto Comisionado de la ONU para los Refugiados (ACNUR), la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos (OACNUDH), y el Director General de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM). 
 
Durante esta visita, el Comité de Naciones Unidas de los Derechos de los Trabajadores Migratorios revisará la protección de los derechos de los trabajadores migrantes en Honduras, cuya población migrante viaja hacia México y Estados Unidos en las condiciones más vulnerables, de acuerdo al Informe Alternativo Ante el Comité Para la Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares.
 
En este informe, varias organizaciones hondureñas—entre las cuales se encuentran la Asociación de Mujeres Intibucanas Renovadas (AMIR); Asociación Feminista Trans (AFeT); Asociación FIAN Honduras; Centro de Derechos de Mujeres (CDM); Movimiento de Mujeres por la Paz “Visitación Padilla”; y otras- critican la legislación migratoria de su país por “abiertas violaciones a los Derechos que la Constitución consagra como elementales para cualquier persona”.
 
Asimismo señalan la carencia de enfoques de protección de los derechos de las poblaciones más vulnerables como el enfoque de género, y limitar la funcionalidad del Fondo de Solidaridad con el Migrante Hondureño, cuya función principal es ayudar a los y las hondureñas en necesidad con “su repatriación voluntaria a Honduras y la de aquellos menores, discapacitados, adultos mayores o personas incapaces, cuya repatriación sea solicitada por los consulados hondureños”.
 
También presentaron la falta de recursos o medidas de auxilio para rescatar a personas hondureñas desaparecidas, detenidas o deportadas, así como los resultados de su investigación sobre las causas profundas de la migración irregular—mayormente incitada por la desigualdad y la falta de oportunidad—y las medidas que se pueden tomar para prevenirla.
 
16/CAR/LGL