Los cambios efectuados en la legalidad hondureña, en los últimos 25 años, poco favorecieron el incremento de la participación ciudadana y la consolidación de los derechos de las mujeres en los procesos electorales, informa Prensa Latina.
Especialistas del Centro de Estudios de la Mujer (CEM) y del Centro de Promoción para el Desarrollo Comunitario coincidieron en que la solución de la pobreza y la exclusión social siguen pendientes, pese a la sucesión de gobiernos electos por voluntad popular.
Pequeños grupos de poder mantienen secuestrado el aparato gubernamental, mientras los partidos siguen sujetos a estructuras verticalistas y autoritarias, y cierran el acceso de las mujeres a los cargos de relevancia, denunciaron.
LAS CONGRESISTAS Y EL OPUS DEI
Social Watch, organización internacional no gubernamental, consideró que la existencia de 31 congresistas no es representativa del sector femenino de menos recursos.
El informe Entre dignidad y derechos, emitido por esta agrupación, señaló que más bien éstas defienden las doctrinas conservadoras del Opus Dei y obstruyen los avances que en derechos humanos pudieran lograrse a favor de las mujeres.
La polémica alrededor de la aprobación de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, legitimada el 6 de octubre de 1999 por la Organización de Naciones Unidas, puso de relieve esta realidad.
Algunas congresistas negaron su apoyo al documento, que procura el respeto a los derechos sexuales y reproductivos de los seres humanos, y criticaron los intentos de despenalizar el aborto, reportó el diario El Heraldo.
El Comité de Naciones Unidas, encargado de evaluar la aplicación de la Convención, cuestionó al país centroamericano por mantener la prohibición total de las interrupciones de embarazo.
Heisoo Shin, miembro de esa entidad, solicitó a la delegación hondureña procurar la creación de una fuerza social para evitar que las mujeres carezcan del derecho a autodeterminar en tal sentido o mueran por abortos no seguros.
Las mujeres tienen razones para apelar a esta alternativa, que debería ser respetada y no siempre incluye un riesgo para la vida de la madre, definió Silvia Pimentel, de la Pontificia Universidad Católica de Sao Paulo, también integrante de ese Comité.
La batalla por lograr la aplicación de ese instrumento legal, rubricado antes por 55 países, guarda relación con un contexto marcado por el ascenso de la criminalidad contra el género femenino.
Entre 2000 y julio de 2006 murieron de manera violenta en Honduras 576 mujeres y la mayoría de los criminales continúan impunes, al mismo tiempo que los casos de violencia doméstica son cada vez más frecuentes, de acuerdo con la Fiscalía de la Mujer. Para Ramón Custodio, Comisionado de Derechos Humanos, se trata de una escalada del feminicidio en el país, ante la grave situación de desigualdad y arraigadas formas de discriminación contra las mujeres.
El funcionario resaltó la alta cuota de violencia psicológica, torturas y mutilaciones verificadas en tales crímenes y recordó que gran parte de estos son cometidos por las parejas de las víctimas, tras ser denunciados frente a los órganos responsables.
La mayoría de las afectadas nunca logró obtener la protección preventiva, obligatoria por ley, después de formular sus quejas y terminó a manos de los agresores sin defensa estatal, evidenciaron las pesquisas del CEM.
El Presupuesto General de la República del año anterior destinó 894 mil dólares a la creación de unidades especiales de investigación de muertes violentas de mujeres, pero ello nunca se concretó, de acuerdo con el informe de Social Watch.
La administración estatal nunca identificó los fondos que debía recibir el Ministerio Público para implementar tales equipos y las alcaldías recibieron apenas el 14 por ciento de los recursos de la Estrategia de Reducción de la Pobreza, destinados al tema.
Además, la evaluación anual sobre los Objetivos de Desarrollo del Milenio evidenció que las jefaturas femeninas representan 25.6 por ciento de los hogares pobres en Honduras.
Resulta poco probable que el país pueda cumplir con las metas establecidas por ambos programas para 2015, opinaron los especialistas, concluye Prensa Latina.
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