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Poco que festejar mientras persista discriminación: PUEG

Por Guadalupe Cruz Jaimes

A 58 años de que las mexicanas conquistaron el derecho a votar y ser electas “hay poco que festejar”, toda vez que las leyes discriminan e impiden la ciudadanía plena de las mujeres, acusó la investigadora del Programa Universitario de Estudios de Género (PUEG) de la UNAM, Lourdes Enríquez.

La abogada y defensora de los derechos de las mujeres puso como ejemplo de esa discriminación a las reformas constitucionales en 17 estados del país, con el fin de “proteger la vida desde la concepción o fecundación” por encima del derecho de las mujeres a decidir sobre sus cuerpos.

Lo anterior representa un retroceso en el ejercicio de la ciudadanía de las mujeres, sostuvo la especialista.

Al dictar la conferencia “La ciudadanía de las mujeres a 58 años del sufragio femenino”, en el Museo de la Mujer en esta capital, Enríquez lamentó que lejos de avanzar en la ciudadanía de la población femenina, el Estado mexicano violenta acuerdos internacionales emanados de la Conferencia Mundial sobre la Mujer de Beijing, los cuales protegen el derecho de las mujeres a decidir libremente sobre la maternidad.

Esos acuerdos han sido violentados “por grupos en el poder que legislan o gobiernan conforme a sus creencias religiosas y no a favor del bienestar de las mujeres”, denunció la académica.

Lourdes Enríquez, quien es asesora jurídica del PUEG, indicó que con las reformas constitucionales que penalizan la interrupción legal del embarazo (ILE) las mujeres tienen poco que festejar, a pesar de que este 17 de octubre se conmemoró el 58 aniversario de que en 1953 el presidente Adolfo Ruiz Cortines promulgó la reforma constitucional a los artículos 34 y 115, con lo que se garantizó a las mexicanas su derecho a votar y ser votadas a nivel federal.

LEYES DISCRIMINATORIAS

Desde 2008 a diciembre de 2010, principalmente los partidos Revolucionario Institucional (PRI) y de la Revolución Democrática (PRD) impulsaron y aprobaron reformas constitucionales en 17 estados con el propósito de criminalizar la ILE mediante el resguardo de “la vida desde la fecundación”.

La experta en derechos humanos explicó que cuando se violentan los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, también se transgreden sus derechos políticos y civiles.

Las mujeres más afectadas por esa situación son las “más pobres, quienes viven en una situación más precaria, sin acceso a educación, empleo, salud, y oportunidades de desarrollo que les permitan responder con más armas al embate de los grupos de derecha”, abundó Lourdes Enríquez.

Comentó el caso de las ocho mujeres (liberadas en 2010) que estuvieron presas en Guanajuato, acusadas de homicidio en razón de parentesco luego de acudir a servicios públicos de salud por haber sufrido abortos espontáneos.

Hechos como ese, dijo la investigadora, muestran que en el país las autoridades locales y federales incumplen las leyes que garantizan el derecho de las mujeres a la no discriminación y a la salud reproductiva “al priorizar sus creencias personales o para cuidar sus intereses políticos”.

Expuso que algunas de las legislaciones vulneradas son la Ley para Prevenir y Eliminar la Discriminación, aprobada en 2003, y la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, debido a que estas legislaciones reconocen a las mexicanas como “autónomas e independientes, con libertad de decidir sobre sus cuerpos”.

Enríquez concluyó que es momento de “obligar a la clase política a hacer a un lado sus creencias personales y ver por el bien público”.

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