El Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil) solicitó a la comunidad internacional mantener un «sano escepticismo» ante el acuerdo firmado el 29 de octubre por los representantes del gobierno de facto de Honduras y del gobierno constitucional, y supervisar el cumplimiento de los términos del arreglo, para garantizar el restablecimiento del orden constitucional y el respeto por los derechos humanos.
La directora ejecutiva de Cejil, Viviana Krsticevic, criticó que el acuerdo no establece plazos concretos para el restablecimiento del orden constitucional, y tampoco garantiza la anulación de normas represivas que prohíben el ejercicio de derechos civiles y políticos.
El acuerdo establece que el Congreso Nacional decidirá si restituye o no al presidente Manuel Zelaya. Sin embargo, a cinco días de haberse firmado, los diputados aún no se han reunido para debatir el asunto, denunciaron hoy en entrevista telefónica con Cimacnoticias, las Feministas en Resistencia de Honduras.
Cejil expresó su preocupación acerca del otorgamiento de la responsabilidad a la Corte Suprema de Justicia de emitir una opinión previa a la aprobación del acuerdo por parte del Congreso Nacional, con lo que «se deja el futuro de Honduras en manos de una Corte Suprema de Justicia desacreditada, la cual ha avalado las actuaciones del gobierno de facto, se ha pronunciado a favor de la persecución penal del presidente Manuel Zelaya y ha sido inoperante para proteger los derechos humanos de las hondureñas y los hondureños.»
El documento prevé la instalación de una Comisión de Verificación, la cual será instalada hoy en Tegucigalpa, según información de la Organización de Estados Americanos (OEA).
La comisión será integrada por Hilda Solis, secretaria de trabajo de los Estados Unidos, y Ricardo Lagos Escobar, ex presidente de Chile. Además, formarán parte Jorge Arturo Reina, embajador del gobierno de Zelaya ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU), y Arturo Corrales Álvarez, representante del presidente provisional, Roberto Micheletti.
Las Feministas en Resistencia informaron también que, a causa de que hoy arriban a Tegucigalpa los integrantes internacionales de la comisión, la presencia militar en las calles se ha reducido «un poco». Sin embargo, declararon que la libertad de prensa continúa siendo restringida, ya que sigue vigente el decreto 124-2009, que autoriza a la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) a clausurar emisoras de radio o televisión que emitan mensajes «en contra del Estado democrático».
Los propietarios de Canal 36, Cholusat y Radio La Catracha, medios que han sido censurados por el gobierno de facto, denunciaron que persisten las interferencias electrónicas a sus señales.
Cejil informó que el 29 de octubre, día de las negociaciones sobre el acuerdo, el Ejército y la policía reprimieron en Tegucigalpa una manifestación pacífica de opositores al golpe, lanzaron gases lacrimógenos y golpearon con toletes a los manifestantes. Según información de la organización, hubo unos 60 heridos y al menos cinco detenidos, entre ellos el dirigente sindical Juan Cruz.
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