Niñas y niños jornaleros agrícolas están en riesgo de quedar, una vez más, excluidos de los sistemas educativos con las nuevas reformas constitucionales que hacen obligatoria la educación preescolar.
En el país migran hasta tres veces al año a los campos agrícolas, generalmente de sur a norte, cerca de 360 mil niñas y niños menores de seis años con sus familias.
La coordinadora del Programa Nacional de Jornaleros Agrícolas (Pronaj), Lourdes Sánchez Muñohierro, expresó en entrevista su preocupación por la reforma al artículo tercero y 31 constitucional: «Es una buena intención -porque no lo juzgo de mala intención- que se vuelve en un sistema excluyente para un grupo social.»
Precisó que entre la niñez migrante es frecuente el ingreso tardío a primaria y, a manera de reflexión, preguntó si los niños que no han cursado primaria van a necesitar cursar preescolar a los 12 años, por ser de carácter obligatorio.
Afirmó que esquema de preescolar «tiene una visión muy urbana» y cuestionó si el sector educativo nacional puede ofrecer preescolar para todos.
El Pronaj desarrolló desde hace cinco años un modelo de Centros de Atención y Educación Infantil (CAEI) para menores de seis años atendido por madres educadoras y que cuenta con 148 centros.
Se localizan en Baja California, Baja California Sur, Durango, Hidalgo, Morelos, Nayarit, Puebla, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora y Veracruz. Solamente en Sinaloa hay 91 CAEI.
Del total de la población jornalera agrícola 42.6 por ciento son mujeres. De 100 jornaleras migrantes, 77 por ciento tiene menos de 29 años, 28 no sabe leer y 40 por ciento pertenece a un grupo étnico.
Casi ocho de cada 10 mujeres indígenas y seis mestizas sale a trabajar a los campos y cuando nace un hijo, retoman sus labores inmediatamente después del parto con la única opción de dejar al bebé al cuidado de una hermana mayor o cargar a su hijo en los campos.
Ante esta situación los centros, algunos de ellos montados en cajas de trailer y «calculados para 50 niñas y niños pero con una demanda arrasadora» atienden la alimentación, educación y salud de las y los menores con el apoyo de una promotora, un médico, así como las madres educadoras que hablan las lenguas indígenas.
¿LICENCIADOS MIGRANTES?
En ese sentido, Sánchez Muñohierro, quien ha trabajado el modelo de los CAEI en el marco de la educación comunitaria con el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef), considera que será imposible tener personal titulado en educación preescolar, como lo establece la nueva ley, para apoyar a la población rural migrante.
«Por ejemplo, los sistemas del Consejo Nacional de Fomento Educativo (Conafe) atienden la primaria en las zonas rurales con promotores educativos que tienen secundaria y preparatoria y luego pedimos licenciados para el nivel preescolar» detalló la funcionaria de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol).
Lourdes Sánchez Muñohierro ensalzó la labor de las madres educadoras, con años de experiencia aunque son analfabetas.
El programa base de los CAEI detalla que «se eligen madres cuidadoras porque su relación es cálida, son conocidas y elegidas por la comunidad jornalera, en ellas se deposita la confianza y hay una identificación de grupo.»
«Las normas con las que opera el CAEI responden a la realidad de las madres jornaleras y no a la inversa, como sucede en otros centros de atención», detalla el documento.
Por todo lo anterior, informó que se han reunido con otros programas de madres educadoras para discutir propuestas con la Secretaría del Trabajo para que mediante el programa «Conocer» poder certificar las habilidades de estas mujeres como técnicas educativas.
MR/MEL
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