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¿Podrá la Constitución proteger derechos de las queretanas?

En Querétaro podrá acabar el maratón de cambios a las constituciones locales, impulsado por el PAN, con apoyo del PRI, para convertir en delito la anticoncepción de emergencia (PAE), el DIU e impedir la interrupción legal del embarazo, aun en caso de violación a niñas, bajo el argumento de “proteger la vida desde la concepción”.

La iniciativa del PAN para reformar el Artículo cuarto de la Constitución de Querétaro fue presentada en 2008 por Fernando Urbiola Ledesma, vinculado con El Yunque, y presidente de la Comisión de la Familia.

Es un “fusil” de las otras que el PAN y PRI aprobaron en 12 estados, señala la legisladora local Carmen González Loyola, donde “la ultraderecha ha violado de manera sistemática los derechos humanos de las mujeres, al elevar a rango constitucional el derecho a la vida desde la concepción”, y convirtiéndolas en objeto para la reproducción sin ser sujetas de derecho.

Hasta hoy, en sólo siete meses, el binomio PAN-PRI cambió las constituciones de Morelos, Sonora, Baja California, Chihuahua, Jalisco, Puebla, Colima, Durango, Nayarit, Quintana Roo, Campeche y Guanajuato, en sesiones al vapor, sin tomar en cuenta la opinión de organizaciones civiles y de mujeres.

Pero este martes podría ser diferente: la iniciativa panista se encuentra en la Comisión de Puntos Constitucionales, donde tiene tres, de seis, posiciones. El panista Rafael Puga reconoce: “Hay una desventaja numérica al momento de dictaminarla”, pues legisladores del PVEM, PRD y PRI se han manifestado en contra.

De mantenerse el empate, tendrá la última palabra el presidente de la Comisión, Marco Antonio Hernández, de Convergencia, quien manifiesta su rechazo y su negativa a imposiciones y presiones del PAN.

LA DISPUTA

La diputada González Loyola denuncia que el PAN se niega a discutir la iniciativa en tribuna. Pero en cambio, en la página Web del Congreso muestra un video y organiza pláticas con “especialistas”, como la realizada esta semana con una religiosa.

González Loyola presentó el pasado 30 de abril una propuesta para adicionar el Código Penal, con el fin de obligar a que el Ministerio Público autorice, en un término de 24 horas, la petición de interrupción legal del embarazo a mujeres víctimas de violación o de inseminación no consentida, pues frecuentemente evade su responsabilidad por temor.

La mayoría panista la rechazó con 12 votos, pero recibió ocho a favor, lo que habla de cierto equilibrio en la correlación de fuerzas.

LA CIENCIA Y LA IGNORANCIA

La iniciativa del PAN —que dice “todo individuo de la raza humana (sic) en cualquiera de sus etapas de desarrollo, goza de los mismos derechos” y no debe distinguirse entre nacido y no nacido— está ahora acompañada “de la óptica científica”, presume el coordinador de la bancada panista.

Sin embargo, el sacerdote católico Julián Cruzalta, teólogo asesor de la organización Católicas por el Derecho a Decidir, dijo a Cimacnoticias que las iniciativas que argumentan “proteger la vida desde la concepción” son una aberración jurídica, que los diputados que votan a favor de ellas son tan ignorantes que “habría que mandarlos a estudiar derecho y antropología, o de plano la secundaria”.

Todo esto es, dice el clérigo, una “clara venganza” por la aprobación de la interrupción legal del embarazo en el DF. No hay interés por discutir. Relata que en tres ocasiones “estuvo en pláticas con legisladores de Colima, para abordar de forma seria la iniciativa”, pero nunca discutieron, “dejando claro que había una negociación política con el PAN”.

Aprueban las iniciativas sin leerlas, pues se trata de “apurarse y ganar” sin sentido, lo menos importante son los fundamentos, “lo que refleja un serio problema de moral privada y ética pública”.

QUÉ DICEN LAS AFECTADAS

En tanto, organizaciones civiles y feministas responden a la estrategia PAN-PRI para cambiar la Constitución de 17 entidades y así lograr la modificación de la Ley General de Salud, y con ello negar y acotar derechos de las mexicanas.

La Red de Investigadoras por la Vida y la Libertad de las Mujeres, integrada por académicas, encabezadas por Marcela Lagarde y de los Ríos, exigió a la Secretaría de Gobernación, con base en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, dé trámite a la petición de organizaciones de Guanajuato para declarar la Alerta de Violencia de Género en la entidad, ante la pérdida de derechos humanos de las mujeres, luego de que fue modificada la Constitución local.

En Sonora, organizaciones feministas pidieron juicio político contra el Ombudsman local, pues se negó en reiteradas ocasiones a solicitar un trámite de inconstitucionalidad contra la criminalización de la interrupción legal del embarazo.

Y en Colima, 67 mujeres presentaron el pasado viernes amparos ante los jueces de distrito de la entidad, porque la reforma constitucional es contraria a la Constitución Federal.

Denuncian además que la presidenta del Congreso estatal cometió fraude constitucional, pues envió la reforma a publicación antes de que se cumpliera el plazo que tenían los municipios para pronunciarse.

Por lo pronto, el próximo martes, la diputación queretana podría escuchar la opinión de las ciudadanas como Estefanía Cabriales, quien escribió en la página Web del Congreso local: “Es necesario que la propuesta se evalúe primero con base en la opinión de las mujeres, quienes al final de cuenta son a las que les atañe este asunto”.

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