El senado de la República llamará a comparecer a Arturo Chávez Chávez y a Raúl Plascencia Villanueva, titulares de la Procuraduría General de la República (PGR) Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), respectivamente, para que aclaren la situación jurídica de las indígenas otomíes Alberta Alcántara y Teresa González.
Durante la sesión de ayer, la senadora del Partido Revolucionario Institucional (PRI), María del Socorro Quiroz, propuso un punto de acuerdo, para que el senado cite a comparecer a los funcionarios por el caso de las otomíes presas desde hace tres años en el Cereso de San José el Alto, Querétaro, acusadas de «secuestrar» a seis elementos de la extinta Agencia Federal de Investigación (AFI).
El pasado 16 de marzo el senado solicitó a la CNDH un informe sobre las violaciones a los derechos humanos de ambas mujeres, mismo que fue recibido y presentado en la sesión del senado la mañana de ayer.
En marzo de 2009, a tres años de los hechos, la CNDH recibió la queja de los hechos en el tianguis de Santiago Mexquititlán, donde Alberta y Teresa fueron fotografiadas durante el enfrentamiento entre locatarios y AFIS, y esas imágenes han sido la «prueba» contundente para declararlas culpables.
Por lo que el 19 de julio de 2009, la CNDH emitió la recomendación 47/2009 a la PGR.
Durante el oficio girado ayer al senado de la República, la CNDH, informó de este rechazo de la PGR a la recomendación, pese a que el organismo defensor de derechos humanos observó agravios a las garantías individuales de las procesadas, así como irregularidades en la averiguación previa por parte del Ministerio Público respecto a las «supuestas agresiones» y «secuestro» en contra de los agentes.
Uno de los argumentos de la PGR para rechazar la recomendación, fue «la falta de competencia de la CNDH dentro de las labores jurisdiccionales exclusivas del Ministerio Público».
En dicho documento, la dependencia precisa que sí recabó la información necesaria para la identificación de los agentes federales, pero su localización no ha sido posible, «porque los empleados oficiales deben ser citados a declarar por medio de su superior jerárquico».
Mientras tanto, la CNDH aclaró en el oficio que la PGR omitió los careos constitucionales entre los agentes acusadores y las procesadas desde hace tres años y siete meses.
10/ JAC/LGL
