Legisladores mexicanos podrían ser demandados ante la Corte Penal Internacional (CPI), por haber votado a favor del retroceso legal en 17 estados de la República Mexicana, que elimina la posibilidad del aborto en casos de violación, considerado como embarazo forzoso y delito de Lesa Humanidad por esta instancia, afirmó la abogada feminista, María Eugenia Solís García.
Al conocer el caso de la niña de 10 años de edad que en Quintana Roo es obligada a continuar con un embarazo producto de la violación de su padrastro, la experta en justicia para las mujeres, dijo que de acuerdo con el estatuto de Roma se considera embarazo forzoso obligar a una mujer a continuar con un embarazo producto de una violación en un contexto en que el Estado no previene la violencia, no investiga, juzga, castiga, ni ordena reparar.
México reconoció la jurisdicción de la CPI en octubre de 1997 y la ratificó en 2005, eso significa que como Estado parte, se obliga a cumplir con los acuerdos, y es sujeto de las sentencias que de ella emanen.
A esto se suma que los legisladores eliminan el derecho a la interrupción del embarazo. Ya que en el marco de los derechos humanos, la mujer tiene derecho a elegir cuándo optar por la maternidad, el número de hijos y su espaciamiento.
En el marco del Diálogo Internacional sobre justicia para las mujeres que hoy concluye en esta ciudad, la experta, añadió que en el caso de esta menor de edad de Quintana Roo, también se atenta contra los derechos de la infancia.
En este caso, el Estado Mexicano incumple con la obligación internacional que adquirió al ratificar la Convención de los Derechos de la infancia de proteger y garantizar los derechos de las niñas, niños y adolescentes.
El primer incumplimiento fue no garantizar a esta niña una vida libre de violencia, lo cual provocó que su padrastro la agrediera y hoy enfrente una segunda agresión al ser obligada a continuar con una maternidad que no deseó.
MATERNIDAD FORZADA
El caso de la niña de 10 años originaria de Rovirosa, Quintana Roo con un embarazo (actual) de cuatro meses, es sólo uno de los 5 mil 510 casos de niñas y adolescentes embarazadas registrados durante 2009 en esa entidad, de los cuales un 16 por ciento fueron producto de una violación. Es decir, 881 casos.
Ignorando el fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) de que «no se puede determinar con precisión el momento exacto en que empieza a vida y de que no se puede decir que el producto de la concepción sea un ser humano y persona», en 17 estados de la República se legisló contra un derecho histórico de las mexicanas.
AMPAROS
Hasta agosto de 2009 se habían presentado ante la SCJN 497 amparos: 67 de Colima, 167 de Guanajuato, 115 de Puebla, 76 de Quintana Roo y 72 de Sonora. Asimismo se encuentra pendiente en la Corte un recurso de inconstitucionalidad contra las modificaciones promovida por la Procuraduría estatal de Derechos Humanos de Baja California.
Mientras que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos
(CIDH) admitió la solicitud de 150 casos presentados por organizaciones civiles defensoras de los derechos sexuales y reproductivos (SyR) de Morelos para que el Estado Mexicano restituya esos derechos. El proceso continúa pendiente.
10/LL/LR/LGL
