El abogado de madres y padres de niñas y niños fallecidos en el incendio de la guardería ABC, el 5 de junio de 2009, agrupados en «Manos Unidas por nuestros niños», Gabriel Alvarado Serrano, opinó que el peritaje dado a conocer por la Procuraduría General de la República, (PGR), no es «una cortina de humo», como lo han comentado madres y padres afectados por la tragedia, integrantes del Movimiento 5 de junio.
El representante legal informó que esa prueba pericial se solicitó en los primeros días posteriores a la tragedia, incluso antes de que se conformara la comisión investigadora de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
El abogado explicó que se ha dicho que la cortina de humo sería para tratar de exonerar a algunas personas responsables, incluso a los dueños de la guardería. Sin embargo, el peritaje se dilató por la propia resistencia que la PGR tenía los días siguientes a la tragedia, abundó.
Agregó que se trata de un peritaje de causalidad de siniestro que establece en forma precisa cuáles fueron las circunstancias en que se produjo el incendio. Reveló que ese peritaje que realizó Associated Fire Consultants, no tuvo costo alguno para los padres, ni para la dependencia, a diferencia del realizado por Mc Mullen Company, que costó a la SCJN un millón y medio de pesos, para «terminar diciendo que fue el cooler».
Esa situación es insostenible, puesto que esa tesis será destruida por la defensa en unos días más. Luego entonces lo que nosotros apreciamos es que la verdadera cortina de humo es la que tendió la prueba pericial de la firma Mc Mullen, y por lo tanto les pedimos que lean correctamente el contenido de ese dictamen pericial, por que de éste se desprende prácticamente que están exonerando a los dueños de la guardería ABC, instó.
Cuestionando los resultados del peritaje hecho por Mc Mullen, expuso que en ese dictamen señalan que la guardería contaba con las instalaciones eléctricas adecuadas, que tenía detectores de humo, que tenía extinguidores, y que si bien, estos elementos no sirvieron cuando se produjo el siniestro, fue porque se produjo un fenómeno que ellos llaman como combustión súbita intensa, y que por eso no sirvieron ninguno de estos elementos preventivos para salvaguardar la seguridad de los menores.
PODRÍAN EXONERAR A MARCIA GÓMEZ DEL CAMPO
Este trabajo pericial de la firma Mc Mullen es el que sirve o servirá de argumento para los propios dueños de la guardería para evadir su responsabilidad, no el nuestro, no el que se propuso a la PGR.
En un segundo tema se refirió a «quienes están muy preocupados de que los dueños no se evadan de su responsabilidad » que en lugar de estar tan ocupados en modificar el sistema de subrogación de guarderías, mejor se ocupen de los expedientes en los que estos señores están siendo procesados, puesto que desde el día 26 de mayo la señora Marcia Matilde Altagracia Gómez del Campo Tonella, socia de la guardería ABC, recibió a su favor una sentencia de amparo que la libra del proceso penal que se está llevando a cabo en su contra en el Juzgado Primero de distrito con el expediente 182/2009.
Además de exonerarla de ese proceso, los argumentos que se señalan en esa sentencia de amparo le van a servir para que posteriormente libre la responsabilidad en el proceso grande que está enfrentando también. Entonces hay que preguntarnos también qué se está haciendo para que se evite que esa sentencia de amparo sea pasada en autoridad de cosa juzgada, y de ninguna manera logre evadirse de la acción de la justicia.
Lo que nosotros podemos decir por parte de las madres y padres que representamos, es que vamos a hacer todo lo necesario para que eso no se llegue a realizar y que responda adecuadamente a su respectiva responsabilidad.
Aquí nosotros no estamos solapando a nadie, a ninguna entidad de gobierno, a ningún civil, por el contrario, no queremos que se fabriquen culpables, pero tampoco que se evadan los responsables, sentenció.
En relación al fideicomiso que el ex gobernador anunció para garantizar la reparación del daño a las y los afectados, Alvarado informó que en el juzgado octavo penal, atendiendo a la petición de los padres y madres que él representa, el juez octavo de lo penal acaba de requerir a todos los procesados para que en el plazo de diez días cumplan con lo establecido en el fideicomiso.
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