La Secretaría de la Función Pública (SFP) a través de su Dirección General de Responsabilidades y Situación Patrimonial (DGRSP) determinará si existen elementos para fincar responsabilidades a integrantes de Provida y funcionarios Públicos por mal manejo de recursos públicos.
En un comunicado de prensa de la SFP, se dio a conocer que el Organo Interno de Control (OIC) de la Secretaría de Salud concluyó la auditoría a los recursos entregados al Comité Nacional Provida y turnó los resultados al área central de la SFP para en su caso, fincar las responsabilidades que marca la ley.
De acuerdo con la auditoría existen irregularidades por conceptos de publicidad, mobiliario y equipo médico, material de didáctico y cursos de capacitación así como ayuda en medicamentos y atención médica, precisa el comunicado.
También se encontraron rubros a los que se aplicaron recursos no considerados dentro del proyecto y el convenio de colaboración establecido entre la SS y Provida y se presentó documentación que no corresponde a los Centros de Apoyo a la Mujer (CAM), administrados por Provida, que empezaron a funcionar en 2003, de acuerdo al convenio establecido entre ambas partes.
Asimismo la DGRSP examinará y precisará legalmente el monto de los recursos públicos que podrían haber sido utilizados incorrectamente.
OIC recomendó a la Dirección General de Asuntos Jurídicos de la SS iniciar un procedimiento legal en tribunales federales para reclamar la devolución de los recursos públicos que pudieron haber sido utilizados incorrectamente por el grupo Provida así como el cabal cumplimiento del convenio entre la SS y Provida.
En tanto que la SFP cuantificará el posible daño patrimonial y conforme a su política de transparencia, divulgará los resultados y conclusiones legales en su oportunidad.
Cabe recordar que el ex diputado Luis Pazos del Partido Acción Nacional (PAN) en su calidad de presidente de la Comisión de Hacienda y Cuenta Pública recortó del presupuesto 2003, 30 millones de pesos al programa de VIH/Sida de la SS, para destinarlos a la construcción de 10 Centros de Apoyo a la Mujer (CAM) administrados por Provida. La SS fue la instancia que hizo la entrega directa de los recursos a esa agrupación.
Igualmente fueron las organizaciones civiles Salud Integral Para la Mujer (SIPAM), Equidad de Género, Consorcio para el Diálogo Parlamentario, Letra S, Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE) y Fundar, quienes sacaron a la luz pública el fraude cometido por Provida, tras haber efectuado una auditoría ciudadana.
La prensa nacional también divulgó que la organización de Jorge Serrano Limón, ahora representante legal de Provida, «ha especulado» con recursos públicos en las bolsas de valores de México y Nueva York, desde 1966.
2004/RGL/LR/SM
