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Podrían indígenas demandar al gobierno por genocidio, dice experto

Por Miriam Ruiz

Los grupos indígenas de México cuentan con recursos legales para demandar por genocidio al gobierno, con base en el artículo 149 bis del Código Penal mexicano, consideró el experto Enrique Díaz Aranda.

“Si un grupo indígena demuestra que (el gobierno) atenta contra ellos y los esteriliza contra su voluntad, sí puede demandar” indicó el doctor en Ciencias Penales del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México.

Para establecer que las esterilizaciones forzadas denunciadas por los pueblos en Guerrero, Veracruz y Chiapas, y hasta por algunas trabajadoras del Programa IMSS-Oportunidades son genocidio, habría que presentar un grupo étnico afectado y demostrar que los procedimientos se efectuaron contra su voluntad.

Es decir, que “no puede ser una campaña de información para evitar embarazos y una campaña de planificación no podría caer en esta hipótesis porque en el ámbito de la planeación familiar las personas que participan tienen la información y dan su consentimiento”, señaló.

En entrevista con cimacnoticias, Enrique Díaz Aranda, quien tiene un post doctorado por la Universidad de Munich, Alemania, aclaró que las cifras no son determinantes. Tiene “que haber no un número, sino un grupo que se caracteriza por sus perfiles raciales o étnicos” para aplicar el Código Penal.

El artículo149 bis del Código Penal nacional dice que “comete genocidio el que con el propósito de destruir total o parcialmente a uno o más grupos nacionales o de carácter étnico racial o religioso perpetrase, por cualquier medio, delitos contra la vida de miembros de aquéllos o impusiese la esterilización masiva con el fin de impedir la reproducción del grupo”.

“Evidentemente, quien con ese fin se organiza y lleva a cabo esterilizaciones masivas en contra de ese grupo por supuesto esta cometiendo el delito de genocidio y está sancionado con una pena, según aquí establece, de 20 a 40 años”, remarcó el especialista, quien señaló que serían culpables quienes ejecutan, planean, dirigen y también ordenan.

En las denuncias de mujeres y hombres indígenas a quienes se esterilizó sin que ellos conocieran del asunto, habría que “establecer quiénes son los autores y quiénes los partícipes en la comisión de ese tipo de ilícitos, pero tiene que ser claramente con esos fines”, aclaró.

“El genocidio es un delito que debe ser sancionado y perseguido por todas las instituciones gubernamentales, y denunciado en su caso por las organizaciones no gubernamentales” comentó el autor de investigaciones sobre la pena de muerte y la eutanasia.

“Es muy claro que en el siglo XXI debemos aceptar que en un estado democrático el derecho a ser diferente o a tener características étnicas o raciales merecen respeto. Y por supuesto cuando (las acciones) van por el mismo grupo para su destrucción deben ser perseguidas y castigadas”, finalizó.

Diversas organizaciones indígenas, de mujeres y de derechos humanos han señalado al gobierno mexicano como genocida puesto que ponen cuotas de esterilización a mujeres indígenas, aun bajo engaño o coerción, al tiempo que la mortalidad materna e infantil entre estos grupos llega a ser hasta 58 por ciento mayor que en el resto de la población.

La Comisión Nacional de Derechos Humanos emitió el pasado 27 de diciembre una recomendación general al gobierno federal para evitar la imposición de la anticoncepción sin el consentimiento de las y los usuarios.

MRM/MEL

       
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