Inicio Podrían sancionar a legistas que confirmaron violación de Ernestina Ascencio

Podrían sancionar a legistas que confirmaron violación de Ernestina Ascencio

Por Gladis Torres Ruiz

María Catalina Rodríguez, Ignacio Gutiérrez Vázquez y Juan Pablo Mendizábal, peritos veracruzanos, fueron suspendidos y puestos bajo investigación tras su participación en la autopsia practicada al cuerpo de la señora náhuatl de 73 años de edad, Ernestina Ascencio Rosario, después de la cual afirmaron que fue violada.

Así lo informó el pasado 29 de marzo la Procuraduría General de Justicia del Estado de Veracruz (PGJEV). Indicó que la y los médicos legistas que participaron en la necrocirugía y la exhumación del cadáver fueron puestos bajo investigación con el expediente 61/207 y serán sancionados si se comprueba que incurrieron en omisiones o alteraron datos en el reporte de la autopsia.

Esta acción se desprende de las aseveraciones hechas por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) donde afirmó que la mujer originaria de Tetlazinga, municipio de Soledad Atzompa, de la sierra de Zongolica, no murió por lesiones derivadas de abuso sexual, sino por muerte natural.

De resultar responsables, como indica el reporte de la CNDH, la médica y los dos médicos serán sancionados conforme a la Ley de Responsabilidades de los Funcionarios Públicos del estado de Veracruz.

Ante estos hechos, el 29 de febrero 2008, según reportes de medios locales, la diputada Margarita Guillaumín Romero, del Partido de la Revolución Democrática (PRD), solicitó que se reabriera el caso Ascencio Rosario y se hiciera una “investigación creíble, con peritajes y evaluación de las pruebas por parte de organismos internacionales”.

Pidió además respeto a la integridad física del doctor Juan Pablo Mendizábal Pérez quien, dijo la diputada perredista, con valor y compromiso ético sostiene su versión de que la anciana indígena fue violada.

La presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso, señaló que el hecho de que Juan Pablo Mendizábal sostenga su versión de que la señora sí fue violada y asesinada es bueno, porque la CNDH, puso a todos los elementos de la Procuraduría y especialmente a los peritos médicos, como si fueran lo más sucio, lo más vil, lo más corrupto, los más ignorantes, inexpertos e incompetentes del mundo.

Celebro que este médico tenga el valor de asumir responsablemente la defensa de su primer dictamen médico, de la primera exploración que hizo en el cuerpo de la señora Ernestina y sostener que fue violada, señaló la legisladora.

Dijo que es ejemplar lo que está haciendo y que en todo caso como sociedad lo que debemos hacer es pedir respeto a su integridad física y a su derecho a expresar su opinión sobre este asunto.

Margarita Guillaumin es autora del libro Las Almas de los Muertos sin Justicias Jamás Descansan, en el cual señala que la muerte Ernestina Ascencio Rosario “es un Crimen de Estado, porque la mató el sistema político y de justicia del país”.

Durante la presentación de su libro, el pasado 9 de marzo, advirtió que la Red de Organizaciones Civiles en el estado no quitará el dedo del renglón para que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) exija al gobierno mexicano que reabra el caso de Ernestina, según reportes de medios locales.

CASO ZONGOLICA, UN CAMINO CONTRA LA RAZÓN

El 25 de febrero de 2007, Ernestina Ascencio Rosario murió el 25 de febrero de 2007 a causa de lesiones en diversos órganos vitales, originados por una violación múltiple, cometida presuntamente por 4 elementos del Ejército Mexicano en la comunidad de Tetlacinga, municipio de Soledad Atzompa, en la sierra de Zongolica, Veracruz.

El informe del médico forense detalla que la mujer murió por fractura de cráneo, hemorragias internas y sangrado anal propiciado por una penetración múltiple. Por ello se inició la investigación, asentada en las averiguaciones previas 140/07 y 471/07, en la Agencia Especializada en Delitos Sexuales y en la Agencia del Ministerio Público Investigador, respectivamente.

Posteriormente y ante las omisiones halladas por la CNDH en el informe forense practicado a la mujer náhuatl, afirma la dependencia, el 9 de marzo de 2007, el cuerpo de la víctima fue exhumado por personal de la CNDH y de la Procuraduría del estado.

Antes de que la CNDH presentara los resultados de la exhumación, el 13 de marzo de 2007 Felipe Calderón aseguró en una entrevista al diario La Jornada que la señora murió de una úlcera gástrica, deslindando veladamente de responsabilidad a la Secretaría de la Defensa Nacional.

Tres días después, el presidente de la CNDH, José Luis Soberanes, dijo que la muerte se habría debido a causas naturales y que no se puede asegurar que hubiera existido violación. A través de un comunicado, el organismo especificó que había muerto a causa de “úlceras gástricas” que le provocaron una “anemia aguda”. De esta manera, avaló la versión de Calderón, quien el 13 de marzo adelantó que la indígena “falleció de gastritis crónica no atendida”.

Por su parte, indignadas por los resultados de la autopsia que niegan la existencia de la violación sexual, mujeres feministas exigieron una nueva autopsia pero realizada por peritos extranjeros, demanda que hasta el día de hoy no ha tenido respuesta.

08/GT/GG

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