Los recortes presupuestales de Estados Unidos a programas mundiales de salud reproductiva devastaron servicios de planificación familiar en los países más pobres del mundo, denunciaron Organizaciones no Gubernamentales (ONG) en un informe.
El recrudecimiento de la pandemia de VIH/SIDA, los embarazos no deseados y las muertes maternas son consecuencia de la llamada «ley mordaza», que comenzó a aplicar el gobierno del ex presidente Ronald Reagan (1980-1989) y que niega la ayuda financiera a cualquier ONG que realice o no descarte el aborto.
Esta es la conclusión del informe Acceso Denegado: Restricciones de Estados Unidos a la Planificación Familiar Internacional, elaborado por una coalición de ONG, que examina los efectos de las políticas de Washington sobre los servicios de salud reproductiva en Etiopía, Kenia, Zambia y Rumania.
El informe, publicado el martes pasado, fue elaborado por el llamado Proyecto Sobre el Impacto de la Norma de la Mordaza Mundial, un esfuerzo conjunto del grupo Acción Internacional para la Población (IPAS, por sus siglas en inglés), la Federación Estadounidense para la Planificación Familiar y otras ONG.
La disposición lleva el nombre oficial de Política de Ciudad de México, pues fue en ese lugar donde Reagan, al hablar en una conferencia internacional sobre población, dijo que «en ningún caso el aborto debe ser usado como método de planificación familiar».
CHANTAJE DE BUS A LAS ONG
En junio de 2001, la administración del presidente George Bush reinstauró la polémica norma, vigente durante el gobierno de su padre George Bush (1989-1993), pero suspendida durante el de William Clinton (1993-2001).
El decreto prohíbe la ayuda de la Agencia Estadounidense para el Desarrollo Internacional (USAID), a ONG extranjeras que usen fondos de cualquier procedencia para realizar abortos, ofrecen asesoramiento sobre la interrupción del embarazo o promueven esa práctica.
Originalmente, la norma sólo se aplicaba a los fondos de USAID, pero Bush la extendió a la ayuda del Departamento de Estado (cancillería).
Numerosas ONG de todo el mundo dependen de los fondos de USAID para financiar sus programas, dado que Estados Unidos es el mayor donante mundial para el desarrollo en términos absolutos.
Aunque el objetivo de la «norma mordaza» es impedir abortos, en realidad provoca un aumento de esa práctica, según el informe.
Esta política «no impide los abortos. Sólo impide el acceso a información y atención de la salud seguras y confiables», afirmó Valerie DeFillipo, directora del proyecto Socios Mundiales de la Planificación Familiar.
Como consecuencia, se producen más embarazos no deseados y más abortos, agregó.
La «ley mordaza» es «otro ejemplo de primacía de la ideología sobre la ciencia. La administración de Bush ignora que la atención de la salud es vital para el desarrollo de mujeres, niños y comunidades», dijo el vicepresidente de políticas públicas e iniciativas estratégicas de IPAS, Terri Bartlett.
El informe sostiene que la norma ha obstaculizado los servicios de salud en los países estudiados, donde el acceso a programas de planificación familiar y otros servicios vinculados se redujeron y en ciertos casos desaparecieron por completo.
DESPROTEGIDAS LAS MUJERES DE KENIA
En Kenia, donde el índice de mortalidad materna es de mil 300 por cada 100 mil nacidos vivos, dos de las principales ONG con programas de planificación familiar debieron cerrar sus clínicas.
Tres de las clínicas eran operadas por la Asociación de Planificación Familiar de Kenia, que atendía a unos 19 mil clientes en 2000.
Uno de los centros estaba ubicado en un barrio en el que no había servicios básicos. Su clausura dejó a cientos de personas sin acceso a atención médica, subraya el informe.
En Zambia, donde el aborto es legal, la Asociación de Planificación Familiar perdió 24 por ciento de su financiamiento y fue obligada a interrumpir servicios clave en las zonas rurales por negarse a aceptar la «norma mordaza».
En áreas rurales de Etiopía, donde las mujeres tienen un promedio de seis hijos y sólo ocho por ciento de ellas usan métodos anticonceptivos, las clínicas perdieron el apoyo de USAID y no pueden conseguir Depo-Provera, el contraceptivo usado por 70 por ciento de sus clientes.
En Rumania, donde hay un promedio de 2,2 abortos por mujer, la «ley mordaza» arruinó los programas de salud reproductiva.
La presidenta del Movimiento de Planificación Familiar de Zambia, Hilary Fyfe, señaló que, «lamentablemente, la ‘ley mordaza’ ha devastado los efectos de los programas en Zambia y las jóvenes no tienen a dónde ir».
Fyfe subrayó que en ese meridional país de Africa, donde uno de cada cinco adultos tiene SIDA, casi 70 por ciento de los 10,8 millones de habitantes son menores de 24 años y necesitan urgente asesoramiento sobre planificación familiar.
El informe señala que la «ley mordaza» también afecta los esfuerzos en otros países de Africa por tratar, prevenir y educar sobre el SIDA.
La organización Marie Stopes International se vio obligada a cerrar su clínica sobre salud reproductiva en una zona de Kenia que tiene el mayor número de habitantes infectados con VIH (virus de inmunodeficiencia humana, causante del SIDA) en todo el país.
LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN, UNA QUIMERA
Aceptar la «ley mordaza» significa recibir fondos clave, pero también someterse a las reglas. Rechazarla implica perder financiamiento esencial para que los programas sigan adelante.
Muchas ONG rechazaron la norma arguyendo que tienen derecho a la libertad de expresión.
El gobierno de Bush padece de «ceguera o falta de disposición para considerar los hechos que están ante sus propios ojos», dijo la vicepresidenta ejecutiva de IPAS, Bárbara Crane.
Por su parte, DeFillipo dijo que «cerca de 70 por ciento de los estadounidenses sostienen que Washington debería apoyar más estos programas, mientras continúa con su guerra antiterrorista».
Portavoces de IPAS aseguraron a IPS que sus colegas y amigos en USAID también desaprueban esta norma, pues sienten que está arruinando años de trabajo para crear redes de servicios de salud en todo el mundo.
2003/MK/MEL
