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Políticas públicas que garanticen vigencia de DH en el país

Por María de la Luz González

Organizaciones de la sociedad civil presentarán el próximo 28 de marzo al candidato del Partido Acción Nacional (PAN), Felipe Calderón Hinojosa, las propuestas ciudadanas que esperan integre a su programa de gobierno en caso de que sea electo como presidente de la República en julio próximo.

El encuentro forma parte del Diálogo con candidatos a la Presidencia de la República promovido por 17 organizaciones, que el mes pasado se reunieron con el aspirante del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Andrés Manuel López Obrador, quien asumió todos los compromisos planteados por las Organizaciones No Gubernamentales (ONG).

El documento base de las reuniones incluye propuestas para desarrollar y aplicar políticas públicas que garanticen la plena vigencia de los derechos humanos en el país, en los ámbitos de equidad de género, social, laboral, económico, político, migratorio y de procuración de justicia.

En materia de paridad de género y derechos humanos de las mujeres, el documento aborda de manera directa el tema de los derechos reproductivos de las mujeres, con los cuales el PAN, en general, y el propio Calderón, han expresado públicamente puntos de desacuerdo.

En el rubro de salud de las mujeres, el documento demanda el cumplimiento puntual de la recomendación 36 del Comité de la Convención para la Eliminación de todas las formas de Discriminación en contra de la Mujer (CEDAW).

Dicha recomendación insta a atender la alta tasa de mortalidad materna en el país, garantizar a las mujeres el acceso a los servicios de salud reproductiva, anticoncepción de emergencia y aborto, así como homologar las legislaciones que definen las causas legales para aplicar el procedimiento.

En el mismo apartado de paridad de género, las ONG plantean el reconocimiento del Estado laico como expresión sustantiva de la diversidad y la pluriculturalidad, así como la condición y garantía necesarias de las libertades individuales, por lo que propone ampliar su definición en la Constitución.

Demanda, además, el establecimiento de mecanismos de sanción a los funcionarios y funcionarias que actúen en contra de este principio.

Las ONG proponen también incorporar en la Ley de Presupuesto y Cuenta Pública el requisito de desagregar por sexo la información relacionada con las y los beneficiarios de todos los programas gubernamentales y difundirla.

La obligatoriedad de desarrollar indicadores de género en todos los programas y presupuestos de gobierno, y la de formular, desde la perspectiva de género, los diagnósticos a partir de los cuales se elaboran los programas de gobierno, es otra propuesta.

En materia laboral, piden sancionar las prácticas discriminatorias por género, integrar a la legislación medidas para proteger a las mujeres que trabajan en sectores informales (comercio informal y trabajo doméstico) y la maquila; y ratificar el Convenio 156 de la OIT sobre trabajadores con responsabilidades familiares.

En el rubro de violencia de género, las ONG proponen, para erradicar los feminicidios, evaluar los resultados obtenidos hasta el momento e incorporar acciones que respondan a los resultados del diagnóstico nacional coordinado por la Comisión Especial para Investigar Feminicidios.

Recomiendan también tipificar el delito de feminicidio, investigar y sancionar la negligencia, omisión, complicidad o tolerancia de agentes del Estado en las desapariciones y homicidios de mujeres, y garantizar investigaciones imparciales e independientes tanto sobre los asesinatos como sobre las indagatorias iniciales.

06/LG/LR

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