Mientras cerca de 16 abortos se atienden diariamente en el Servicio de Ginecología y Obstetricia del Hospital Antonio María Pineda (HAMP) de Venezuela, la propuesta para legalizar el aborto en el proyecto del Código Penal ha causado una gran polémica.
El médico Ramón Jonás Reyes, jefe del Servicio de Ginecología y Obstetricia del hospital, explicó que se recurre al aborto sólo en caso de que la vida de la madre esté en peligro o por malformaciones genéticas del feto y que la decisión es tomada por un consejo departamental.
La directora del hospital, Linda Amaro, afirmó que difícilmente una mujer que se ha practicado un aborto lo admita, pero los médicos presumen que el 50 por ciento de estos actos son provocados. «Muchas veces basta que el médico o la enfermera conversen con ella para confirmarlo».
Sobre la conveniencia de legalizar el aborto, el médico Ramón Jonás Reyes expresó que su práctica depende de la moralidad de cada persona, de su concepto religioso. «Si una mujer es víctima de una violación podría traer al mundo un niño enfermo o no deseado, por lo cual es preferible ahorrarle un trauma que será para toda la vida», se publica en el portal Mujereshoy.
Según Reyes, quien no sufre esta situación puede verlo de modo diferente, «pero es la madre víctima de una violación quien recordará la agresión cada vez que mire a su hijo».
«Lo mejor es educar a la población para que prevenga embarazos no deseados o peligrosos a través de métodos anticonceptivos, hoy muy efectivos».
La Iglesia Católica de Venezuela rechazó enérgicamente la propuesta de legalizar el aborto en ese país, mientras que el presidente de la Sala Penal del Tribunal Supremo (TSJ), Alejandro Angulo Fontiveros, calificó de «intolerante» la postura de la Conferencia Episcopal frente a la despenalización del aborto y acusó a la jerarquía católica de «atentar contra los derechos humanos de las mujeres».
2004/LR
