A Marvin Daniel Ortiz, de 16 años, le cortaron las manos. Su amigo, Juan Manuel Aguilar, de 19, mostraba indicios de haber sido golpeado. A ambos los ejecutaron, luego de largos minutos de torturas. Los sospechosos son miembros de la policía hondureña.
Según las investigaciones realizadas por la Unidad Especial de Investigación de Muertes de Menores de la policía hondureña, los oficiales allanaron la casa de Juan Manuel y obligaron a su padre a revelarles el paradero de los jóvenes, a quienes señalaban como responsables de un supuesto robo de dos armas policiales.
Luego, se dirigieron a la fiesta en donde estaban y los detuvieron ilegalmente, sin orden de capturo. Un oficial, que ahora figura como testigo clave del Ministerio Público, sostiene que el inspector Óscar Armando Gámez dio la orden de llevar a los dos muchachos a un lugar conocido como «Rancho El Coco», en lugar de trasladarlos a la Primera Estación Policial, como mandan los procedimientos.
A ese sitio llegó otra radiopatrulla. Sus ocupantes, el subinspector de la policía Róger Javier Matute y tres miembros del batallón élite de la policía conocido como «COBRAS», comenzaron a torturar a los muchachos.
Según las pesquisas, Gámez buscó insistentemente a las víctimas porque las dos armas robadas estaban a su cargo y tenía que pagarlas, con su salario, si no aparecían.
En el mismo sitio señalado por el testigo, las autoridades a cargo del caso encontraron casquillos de fusil y de pistola, así como una escopeta de granadas lacrimógenas y varias municiones.
El juez Neptalí Fuentes decretó un sobreseimiento provisional a favor de cinco de los sospechosos y ordenó prisión provisional para Gámez y Matute.
Hay siete órdenes de captura pendientes, cuatro de ellas contra «COBRAS» y tres más contra tres agentes de la Policía Preventiva que desaparecieron luego de entregar su equipo policial.
Casa Alianza, una organización privada, sin fines de lucro, dedicada a la defensa de los Derechos Humanos de las personas menores de edad, reconoce los esfuerzos de la Unidad de Investigación de Muertes de Menores por resolver este caso y confía que los responsables serán juzgados y castigados.
«Hemos trabajado conjuntamente con el Gobierno de Honduras y ya el presidente Ricardo Maduro reconoció el problema. En un año de existencia de la Unidad han investigado trescientos casos de asesinatos que han resultado en unos pocos arrestos. El problema sigue y crece, pero ahora esperamos que haya otra actitud, manifestó José Manuel Capellín, Director Nacional de Casa Alianza Honduras.
Casa Alianza, por medio de su programa de Apoyo Legal, ha documentado más de dos mil 250 ejecuciones extrajudiciales de personas menores de edad desde enero de 1998 hasta mayo del 2004.
Tras varios acercamientos, Casa Alianza entró a formar parte de la Comisión de Investigación encargada por el Presidente Maduro de analizar estas muertes. El resultado del trabajo de esa comisión fue la Unidad Especial que ahora ha puesto tras las rejas, con sus investigaciones, a los sospechosos.
«Creemos que este caso marca un precedente importante en la lucha contra las ejecuciones extrajudiciales. Nos preocupa que las medidas adoptadas por el Presidente Maduro contra las pandillas juveniles sean entendidas por las fuerzas de seguridad como que tienen carga blanca para hacer lo que les dé la gana, incluyendo tortura y asesinato de niñas, niños y las y los jóvenes», agregó Bruce Harris, Director Regional de Casa Alianza para América Latina.
Casa Alianza espera que las órdenes de captura se lleven a cabo lo antes posible y que el resto de los sospechosos sean sometidos a un proceso judicial oportuno. Informó que vigilará de cerca este caso.
2004/GV/SM
