El pasado 28 de octubre, defensoras hondureñas fueron perseguidas, desalojadas y agredidas con armas de fuego y gas lacrimógeno de su campamento en Guapinol, en la comunidad de la Cebita, por un contingente policial hondureño y personal de la empresa minera “Inversiones los Pinares”, lo que dejó como resultado la muerte de una defensora y dos heridas.
Integrantes de la Iniciativa Mesoamericana de Mujeres Defensoras de Derechos Humanos (IM-Defensoras) explicaron que las defensoras fueron desalojadas de manera violenta por un contingente policial y militar de casi mil 500 personas, de su campamento en Guapinol, donde desde hace 87 días se mantenían en resistencia para que los ríos de las comunidades del sector San Pedro, Tocoa y Abisinia, no fueran explotados por la empresa “Inversiones Pinares”.
La empresa minera “Inversiones los Pinares” con capital nacional e internacional tiene por objetivo explotar el agua de los ríos para extraer los minerales en las 200 hectáreas del Parque Nacional “Carlos Escaleras Mejía”, lo que pone en riesgo la vida de más de 900 mil habitantes y la vida de los ecosistemas en la región de Colón.
Después del desalojo, las defensoras manifestaron en un comunicado que fueron agredidas por personal de la empresa minera en presencia del contingente policial y militar sin que éstos las auxiliaran, lo cual, aseguraron, evidencia una vez más la colusión del gobierno hondureño con los intereses privados de empresas y una violación a su obligación de proteger la vida, integridad y los Derechos Humanos (DH) de las comunidades.
Resaltaron que estas acciones son ejemplo del mecanismo de represión, violencia, corrupción e inestabilidad política que ha mantenido, desde 2014, el presidente de este país, Juan Orlando Hernández y que ha dado como resultado la migración forzada de más de 7 mil personas hondureñas, cifra que según han manifestado personas expertas, incrementará hasta finales de este año si organismos internacionales de DH no realizan acciones ante la crisis que vive el país.
Las defensoras expresaron su preocupación por el aumento de la violencia en su contra y por la impunidad en la que se encuentran varios casos como el de la ex coordinadora del Consejo Pueblos Indígenas de Honduras (Copinh), Bertha Cáceres, asesinada en marzo de 2016.
Ante ello, exigieron que el gobierno hondureño ponga fin a la impunidad en la que siguen los asesinatos de defensoras, les asegure el acceso a la justicia y se abstenga de criminalizar y difamar la labor de estas mujeres, así como también cumpla con sus obligaciones como órgano protector de los DH.
De acuerdo con el Informe “Defender para vivir” de IM-Defensoras, entre los años 2016 y 2017, registraron mil 132 agresiones (uso excesivo de la fuerza, amenazas, intimidación, detenciones arbitrarias, desprestigio a su labor, entre otras) contra defensoras, las cuales fueron cometidas principalmente por desconocidos, policías y militares.
Durante las agresiones –documentó el informe- el personal de la policía y militares han empleado armas de fuego, toletes, bombas de gas lacrimógeno y pimenta e incendiado las casas o transportes, donde las defensoras se trasladan y resaltó que en estos actos violencia las familias de éstas también son agredidas.
ÉXODO DE MIGRANTES
En tanto, a casi un mes de haber comenzado su recorrido (13 de octubre) el éxodo de 7 mil 111 personas hondureñas -al que le han seguido otros 3 grupos de casi 2 mil personas hondureñas, salvadoreñas y guatemaltecas- han caminado más de 400 kilómetros con altas temperaturas, cruzado ríos, dormido en las calles y han sido agredidos, todo ello con el objetivo de llegar a su destino: Estado Unidos, en busca de mejores condiciones de vida y oportunidades de trabajo.
Ayer, algunas personas de este éxodo arribaron a la Ciudad de México y se han refugiado en el centro del Estadio “Palillo” Martínez, ubicado en la delegación de Iztacalco, mientras que otras optaron por quedarse en los pueblos de Juan Rodríguez Clara e Isla, ambos del estado de Veracruz. Se estima que al éxodo le quedan por recorrer casi 900 kilómetros.
En repuesta a la llegada de las personas migrantes, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), exigió a través de un comunicado al gobierno mexicano que dé un trato “humanitario, digno y respetuoso” al éxodo en su paso por la CDMX, ya que dijo, las condiciones en las que viajan provoca que su situación sea más vulnerable al exponerse a ser víctimas de algún delito.
18/AEG/LGL
