«Las políticas de Estado han dejado solas a las adolescentes con un embarazo no deseado, ya que no hay condiciones para realizarse un aborto en donde no pongan en riesgo su vida, aún en los términos legales, y en buenas condiciones», aseguró Daniela Díaz investigadora de Fundar.
En opinión de María Eugenia Romero, directora de Equidad y Género, Ciudadanía, Trabajo y Familia, esto es consecuencia de que «en México no exista una política pública en materia de derechos sexuales y reproductivos de las y los jóvenes y sí un grave retroceso que se refleja en el incremento de embarazos adolescentes no deseados».
Al respecto, «no es casual que más de medio millón de adolescentes estén embarazadas y que el 25 por ciento de la demanda de anticoncepción sea de mujeres de menos de 25 años. Una de cada cuatro que busca métodos anticonceptivos no tiene acceso a éstos en el país», señaló al participar en el programa de radio «Público y Privado», producción radiofónica de CIMAC.
De acuerdo con Romero, la Encuesta Nacional de Salud del 2006 indica que en México una de cada dos mujeres usó métodos anticonceptivos en su primera relación sexual, es decir, la mitad de la población
Situación que se agrava, puntualizó Daniela Díaz, investigadora de Fundar, centro de análisis de transparencia y políticas públicas, si tomamos en cuenta que «sólo se han hecho modificaciones a la norma de planificación, donde se incluyó la anticoncepción de emergencia y el condón femenino, lo cual no resuelve la situación pues es necesaria un política pública que atienda de manera integral el problema»,
Y alertó, «la realidad es que las y los jóvenes están teniendo sexo a más temprana edad y es a partir de ahí que se tiene que trabajar e incluir en el Plan Nacional de Salud el tema de sus derechos sexuales y reproductivos, poniendo un mayor énfasis en la prevención del embarazo adolescente, hecho que cambia drásticamente la vida de las mujeres, pues son ellas quienes viven solas esta etapa».
Sin embargo, «en el gobierno existe un doble discurso: por un lado, se dice que sí se están haciendo acciones para mejorar esta situación y por el otro se obstaculiza, el resultado es: incremento de embarazos, violencia y deserción escolar de las adolescentes», aseguró María Eugenia Romero.
Contrario a ello, las ONG son las que han estado trabajando, con menos recursos que el gobierno, en materia de derechos sexuales y reproductivos de las y los jóvenes, opinó Lina Rosa Berrío, responsable de capacitación de Kinal Anzetik, asociación civil que atiende a mujeres indígenas.
Para las especialistas en temas de género, ante este panorama se torna necesario seguir trabajando para visibilizar este tema y avanzar en el acceso al aborto legal y seguro, para evitar más embarazos no deseados y muertes adolescentes por esta causa, concluyeron las especialistas en «Público y Privado».
07/MG/CV/GG
