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Política de Estado en Guatemala perpetúa la impunidad

Por Anaiz Zamora Márquez
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En Guatemala se vive un clima de hostigamiento, estigmatización y agresión contra las defensoras de Derechos Humanos (DH), periodistas y columnistas, violencia enmarcada en una falta de independencia jurídica que asegure el acceso a la justicia a las víctimas directas y activistas agredidas.
 
Durante el 152 periodo extraordinario de sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que se realiza en el Palacio de Minería en esta capital, organizaciones civiles guatemaltecas informaron a las y los comisionados sobre la situación de vulnerabilidad en la que realizan su labor defensoras y defensores humanitarios.
 
Claudia Samayoa, directora de la Unidad de Protección a Defensores y Defensoras de Derechos Humanos de Guatemala (Udefegua), señaló que van en incremento las agresiones y violaciones a DH contra quienes defienden y protegen a las poblaciones más vulnerables.
 
Tan sólo de enero a julio de 2014 se registraron 691 agresiones en contra de personas defensoras, cifra superior a los años precedentes, además de que los ataques son de mayor intensidad.
 
Puso como ejemplo la forma en que los agentes del Estado procedieron durante el desalojo de la comunidad de La Puya (cuyos habitantes se opusieron a un proyecto minero). Como consecuencia del abuso de la fuerza, ocho defensoras fueron hospitalizadas.
 
“La ya de por sí difícil labor de defender los DH se ve más agravada porque nos están limitando la libertad de expresión”, señalaron las organizaciones, y con ello hicieron del conocimiento de la CIDH los casos de intimidación y persecución que han padecido diversas comunicadoras y columnistas, a quienes incluso se les han abierto procesos judiciales.
 
Como muestra de ello está el caso de Francisca Gómez Grijalva, columnista indígena del diario Prensa Libre, quien fue denunciada por la empresa Cementos Progreso y a quien se le ha negado el derecho de llevar su proceso en un Tribunal de Imprenta.
 
Estos casos se dan pese a la existencia de una Fiscalía Especial de Delitos contra Periodistas, advirtieron.
 
Ana Marcia Aguiluz, directora del Programa para Centroamérica y México del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil), denunció la falta de independencia judicial en el vecino país, pues las y los jueces progresistas o que actúan a favor de los DH son reprimidos y sancionados.
 
Como es el caso de la juez Yassmín Barrios Aguilar, quien fue sancionada por el Colegio de Abogados por una supuesta “mala actitud” durante el juicio contra el ex dictador Efraín Ríos Montt, acusado de genocidio y delitos de lesa humanidad.
 
La falta de esclarecimiento e investigación de los delitos del pasado y nuevos casos reflejan “problemas estructurales en el sistema de justicia que se mantienen mediante una política de Estado que tiene como objetivo perpetuar la impunidad”, sostuvo Aguiluz.
 
Por lo que las organizaciones pidieron que la CIDH exija al gobierno guatemalteco que dignifique a las y los defensores, y le solicite que retome un Programa de Protección a Defensores, incluyendo periodistas, que parta de una consulta.
 
Por el Estado guatemalteco la respuesta estuvo a cargo del presidente de la Comisión Presidencial Coordinadora de la Política del Ejecutivo en Materia de Derechos Humanos (Copredeh), Antonio Arenales Forno, quien sostuvo que los problemas que enfrenta el país son heredados de la “historia de conquista e injusticia que precedió al nuevo Estado democrático”.
 
Agregó que en los casos de agresiones y ataques las y los defensores de DH deberían acudir a las instituciones de su nación y no a la CIDH, que no tiene las facultades para actuar dentro del Estado de manera inmediata.
 
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