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Política de Uribe ha representado más inseguridad para mujeres

Por Gladis Torres Ruiz

En Colombia, el conflicto armado ha desplazado alrededor de 4 millones de personas, de las cuales el 56 por ciento son mujeres, porcentaje que aumenta a más del 70 por ciento si son incluidas sus hijas e hijos, documenta la organización civil Mujeres en Red.

Señala la organización feminista que millones de mujeres colombianas viven en el presente sin políticas públicas del Estado y con una permanente violación a sus derechos humanos.

El pasado mes de junio se llevó a cabo en Colombia el Taller de Estrategias de Protección para Defensoras de Derechos Humanos en el cual participaron mujeres campesinas, indígenas y afrocolombianas, representantes de movimientos sociales, feministas y grupos populares de distintas regiones del país.

Informan medios de comunicación locales, las mujeres participantes en el evento concluyeron que los seis años de política de seguridad democrática del gobierno colombiano de Álvaro Uribe no han favorecido la protección de las colombianas, quienes continúan siendo víctimas de desplazamiento, torturas, asesinatos, violencia sexual y desapariciones forzadas.

María Eugenia Ramírez, de la Mesa de Trabajo del Instituto Latinoamericano de Derechos Alternativos (ILSA), con sede en Bogotá, señaló a la agencia Inter Press Service (IPS) que la política de Uribe ha representado mayor inseguridad para las mujeres, porque la “mal llamada” desmovilización de grupos paramilitares, que en verdad mantienen control en espacios de administración y justicia regional, afecta en especial a mujeres, niñas y adolescentes.

Por su parte Pilar Sánchez, procedente del departamento de Boyacá, afectado históricamente por la presencia de grupos delictivos, control militar y marcada presencia paramilitar en la última década, señaló “a las mujeres nos pisotean por todo”.

Porque ejercemos liderazgo, porque defendemos nuestros derechos, los de nuestras hijas e hijos, los de la comunidad, por ser mujeres, por la religión, por todo. “En las zonas fronterizas es peor, porque toca enfrentar a la guerrilla, a los paramilitares y al ejército, enfatizó.

DESPLAZAMIENTO FORZADO

El VII informe sobre violencia sociopolítica contra mujeres, jóvenes y niñas en Colombia detalla que el desplazamiento forzado es una problemática de ocurrencia masiva y permanente, que, pese a los llamados de atención de la Corte Constitucional, no ha sido debidamente atendido.

El documento elaborado por la Mesa de Trabajo Mujer y Conflicto Armado, integrada por Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) destaca que de diciembre de 2002 hasta abril de 2007 cerca de 250 mujeres han sido asesinadas o desaparecidas por fuera de combate por paramilitares.

De igual manera subraya que “el Estado colombiano no ha desarrollado las acciones necesarias para prevenir su ocurrencia, ni ha brindado protección y atención a las víctimas de este delito”.

Las declaraciones de las personas que se han acogido a los procedimientos de la Ley 975 de 2005, más conocida como de Justicia y Paz, dejan ver que el delito de desplazamiento forzado, por no ser tomado en cuenta como tal, se ha dejado a un lado como elemento de sus narraciones, además de que la Fiscalía no ha introducido este delito en sus interrogatorios.

El Informe difundido por el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo, enfatiza que sobre los delitos contra las mujeres en situación de desplazamiento existe un velo de silencio y negación que es necesario hacer evidente, aún para las propias víctimas, quienes generalmente priorizan las necesidades de sus hijas, hijos y familias sobre las propias.

La discriminación que subyace a esta problemática dificulta aún más su mirada particular. “No es cierto que todas las personas, de manera independiente de su clase social, sexo, edad, etnia, vivan de la misma manera el desplazamiento, ni que sea posible homogenizar las afectaciones”, enfatiza.

En reiteradas ocasiones la Corte Constitucional colombiana se ha pronunciado en favor del enfoque diferencial que debe guiar la atención a la población desplazada, argumentando que esta atención “debe basarse en acciones afirmativas y en enfoques diferenciales sensibles al género, la generación, la etnia, la discapacidad y la orientación sexual”.
08/GT/GG/CV

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