El debate sobre la reforma migratoria entre México y Estados Unidos se convirtió, luego de los ataques terroristas del 11 de septiembre de 2001, en un debate sobre quiénes eran las y los migrantes, a los cuales se les consideró terroristas, por lo que la política de migración se volvió una política contra el terrorismo, aseguró Ángela Sambrano, de la National Alliance of Latin American and Carribean Communities.
Durante la conferencia de prensa posterior a la inauguración del Coloquio Internacional «Los migrantes en la era de la globalización», Sambrano señaló que la política contra el terrorismo se traduce en nuestro país en el muro fronterizo, el cual ha generado el desacuerdo de la mayoría de las y los migrantes mexicanos que actualmente residen en los Estados Unidos.
Por ello, dijo, tanto el Partido Demócrata como el Republicano tienen encima una fuerte presión para trabajar sobre una reforma migratoria, que se espera surja este año, ya que «lo que menos les interesa es lidiar con este tema en las próximas elecciones».
Asimismo, aseguró que la situación de las y los migrantes mexicanos en Estados Unidos es sumamente precaria y actualmente sufre una crisis humanitaria como consecuencias de las redadas, como la del pasado 1 de mayo, y las políticas migrantes a nivel local.
«Las ley migratoria en Estados Unidos está totalmente resquebrajada por lo que nos estamos pronunciando y movilizando por una reforma integral, justa y humana que mejore las condiciones en las que se encuentras miles de migrantes dentro del la Unión Americana».
En entrevista con Cimacnoticias, la doctora Cecilia Imaz, de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México, aseguró que al inicio de la administración del sexenio pasado no se mencionó que había un acuerdo, sino que se perseguía uno, ya que Estados Unidos no tiene acuerdos con ningún país.
«Y no es un acuerdo, ellos van a hacer una reforma migratoria donde van a tratar de arreglar problemas que tienen dentro de su nación. Que México se beneficie, si es que se aprueba, es aparte, pero no habrá ningún acuerdo con Estados Unidos».
«Lo que hay son 47 consulados, programas de atención, abogadas y abogados para cuando son encarcelados» los migrantes.
Imaz señaló que lo que el gobierno mexicano únicamente hace es insistir en que se respeten los derechos humanos de las y los migrantes. Sin embargo, aseguró que «nada puede hacer en una tierra que no es de él», porque allí no hay jurisdicción para México.
Explicó que lo único que puede hacer el gobierno de México es cabildear y tratar de convencer al gobierno de Estados Unidos. Algo que durante el sexenio pasado se había tratado de lograr y, aunque se descuidó, se ha retomado nuevamente pero se estima que con un margen de éxito muy limitado.
«Se da la protección que se puede dar, apegándose a los convenios internacionales y a la carta de derechos humanos para que se les trate de una manera digna, más allá no hay nada que hacer» finalizó.
Según cifras de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), Estados Unidas alberga alrededor de 1.3 millones de migrantes indocumentados.
El flujo neto anual, según el Consejo Nacional de Población (Conapo), es de 390 mil mexicanos, lo que ha dado lugar a la formación de una comunidad de origen mexicano que ascendía en 2003 a 26.7 millones.
De la anterior cifra, según el Conapo, 16.8 millones nacieron en Estados Unidos de ascendencia mexicana, mientras que el 9.9 es población nacida en México, residiendo de manera autorizada o no en este país.
Lo anterior equivale al nueve por ciento de la población total de México y 3.6 por ciento de Estados Unidos.
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