La pérdida de la derechohabiencia al Instituto Mexicano de Seguro Social (IMSS) por parte de cerca de dos mil personas que viven con vih/sida evidencia la incapacidad de las instituciones para atender a estos pacientes en nuestro país, lo que puede derivar en una recomendación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) al gobierno de México para garantizarle la entrega de antirretrovirales a la población afectada.
A raíz de la denuncia de pacientes seropositivos, a los que se les negó la atención y entrega de medicamentos en el IMSS, el pasado mes de agosto la directora del Centro Nacional para la Prevención y Control de vih/sida (Censida), Patricia Uribe, llamó en la Cámara de diputados a las instituciones de seguridad social a atender la emergencia y buscar fondos adicionales que puedan resolver la situación, al menos hasta finalizar el año.
El 10 de octubre pasado la Secretaría de Salud anunció que atendería a los cerca de dos mil personas que dejaron de ser derechohabientes en el IMSS y que, para ello, contaba ya con una lista con los nombres de mujeres y hombres que estaban siendo atendidos por vih/sida en esa institución.
Tal anuncio mereció la crítica de la responsable del programa de vih/sida del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro, Laura Hernández, quien sostuvo que «se trata de una solución apresurada para atender el bomberazo que deslinda de su responsabilidad al IMSS».
Días después, el 15de octubre, el secretario de Salud, Julio Frenk, fue cuestionado por esta reportera en torno a la atención de estas dos mil personas portadoras del vih/sida, a quienes se les ofreció atender en la Secretaría de Salud.
En esa ocasión, Frenk se retractó al señalar que solamente aquellas que no tuvieran oportunidad de tener acceso al seguro voluntario del IMSS se les garantizaría la atención médica; declaración que de nueva cuenta causó la protesta del Centro Prodh pues en su momento aclaró que este seguro no cubre padecimientos como el vih/sida.
De los recursos para atender esta situación, Frenk aclaró que se trata de presupuestos recortados de otras áreas de la dependencia; aunque no precisó cuales.
El miércoles 23 de octubre, el Centro Prodh informó que había enviado información sobre las personas que viven con vih/sida en el país a tres organizaciones, entre ellas el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil), que en este mes tuvieron audiencia ante la CIDH.
Durante la audiencia se incluyó el caso mexicano y de las personas que perdieron su derechohabiencia en el IMSS.
Por medio de esta vía, el CentroProdh le solicitó a la comisión emitir una recomendación al gobierno de Vicente Fox para asegurar los tratamientos médicos a aquellas personas que fueron desincorporadas del IMSS.
En esta oportunidad, las organizaciones defensoras de los derechos humanos solicitaron ante el organismo internacional la designación de un relator especial para vigilar las condiciones en las que están viviendo las personas portadoras del vih/sida en América latina y el Caribe, o en su defecto crear una unidad especializada para la atención de estos casos en la región.
Esta audiencia evidenció que la mayoría de los países del área incumplen con sus compromisos internacionales en cuanto a la prevención y atención del vih/sida.
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