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Por desinformación, mujeres no denuncian violencia obstétrica

El gobierno de Veracruz no ha divulgado el derecho que tienen las mujeres de la entidad a recibir una atención obstétrica de calidad y con respeto a sus derechos reproductivos, por lo que las veracruzanas que sufren violencia durante el embarazo, parto o puerperio por parte de los servicios de salud, no saben dónde ni cómo denunciar ese delito.

A pesar de que la violencia obstétrica es una constante entre la población femenina del estado, la Secretaría de Salud y la Procuraduría de Justicia locales no tienen registrada hasta ahora ninguna denuncia al respecto.

Emma María Reyes Rosas, integrante de la organización civil Salud y Género y coordinadora del Comité Promotor por una Maternidad Segura, dijo que no hay difusión de parte de las autoridades para dar a conocer a la población que cuando reciban malos tratos en la atención obstétrica, puedan denunciar.

La Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el estado de Veracruz, es la única en todo el país que estipula y castiga la “violencia obstétrica”. Esta legislación fue promulgada el 28 de febrero de 2008.

La violencia obstétrica se define como la “apropiación del cuerpo y procesos reproductivos de las mujeres por personal de salud, que se expresa en un trato deshumanizador, en un abuso de medicalización y patologización de los procesos naturales, trayendo consigo pérdida de autonomía y capacidad de decidir libremente sobre sus cuerpos y sexualidad”.

La violencia de ese tipo se presenta al “omitir la atención oportuna y eficaz de las emergencias obstétricas, obligar a la mujer a parir en posición supina y con las piernas levantadas, existiendo los medios necesarios para la realización del parto vertical”.

“CULTURA DEL MIEDO”

Reyes Rosas explicó que existe una “cultura del miedo” entre las pacientes obstétricas que invisibiliza las agresiones que sufren, a lo que se agrega el hecho de que el personal médico alega que las mujeres llegan en un estado alterado, lo que justifica los malos tratos y responsabiliza a las pacientes de los procedimientos, pero sobre todo de las agresiones y errores.

En entrevista, la activista observó que existe mucho desconocimiento de dónde hay que denunciar ese delito, incluso reconoció que las propias organizaciones civiles por los Derechos Humanos de las mujeres ignoran los procedimientos y los lugares a los que tendrían que acudir las personas que desean denunciar la violencia obstétrica.

La líder indígena de la sierra de Chicontepec, Genara Cruz Juárez, apuntó que las mujeres de las zonas serranas del estado reciben un trato deficiente por parte del personal de salud, que llega a ser incluso negligente pues se les deja sin recibir información sobre su estado de salud y se les impide decidir sobre su tratamiento.

La dirigente denunció que ha habido casos en los que la mala atención médica ha cegado la vida de mujeres indígenas, quienes incluso tuvieron que ser trasladadas desde Chicontepec hasta Xalapa por complicaciones severas en su salud. Abundó que las mujeres de la región ignoran la existencia del delito de violencia obstétrica.

MALTRATO

El caso de “Yolanda” es representativo de la mala atención médica que deriva en violencia contra las mujeres durante su embarazo, parto o puerperio.

Ella tuvo su primer parto en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Xalapa. Relató que desde que ingresó al área de Tococirugía empezó a recibir malos tratos de parte de personal de enfermería, el cual la ignoró.

Al parir no se le permitió que la acompañaran su pareja ni su madre, por lo que “Yolanda” ?recordó? se sentía sola y asustada.

Tras dos semanas del parto, ella notó un sangrado constante que no cesaba, por lo que acudió a revisión al IMSS y la respuesta del médico que la atendió fue que se trataba de algo “normal”.

Sin embargo, contó, siguió el sangrado y decidió acudir con un médico particular, quien le dijo que en el IMSS le habían colocado mal el dispositivo intrauterino (DIU), y que era necesario retirárselo.

La sorpresa de “Yolanda” fue mayúscula, ya que a ella en ningún momento se le informó de la colocación del DIU y con anterioridad ya había dado su negativa de que le colocaran algún método anticonceptivo.

Ella se quejó ante el IMSS, pero no denunció de manera formal ni dio seguimiento al caso pues consideró que lo más importante en ese momento era recuperarse y atender a su hijo.

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