Por ejercer sus derechos, las indígenas sufren violencia

Como resultado del taller “Juventudes indígenas frente a Cairo+20”, organizaciones de jóvenes de grupos étnicos denunciaron la discriminación que viven en su intento de acceder a derechos sexuales y reproductivos, ausencia de políticas públicas y violencia a la que se enfrentan al ejercerlos.
 
En materia de salud denunciaron el desabasto de métodos anticonceptivos y discriminación para quien los solicita en las comunidades, ya que violan su confidencialidad y se les niega el servicio, así como la insuficiencia de materiales de promoción y difusión sobre derechos sexuales.
 
Acusaron además que los pocos documentos que hay no están adaptados a las diversas lenguas indígenas.
 
También indicaron que en las localidades existe presión para limitar la difusión de estos derechos en las instituciones educativas, lo que se traduce en amenazas e intervenciones violentas, incluso advirtieron que personas con infecciones de transmisión sexual mueren por no acceder a la atención y tratamiento.
 
Para garantizar la salud sexual y el derecho a la información de las juventudes indígenas, señalaron la falta de políticas públicas, así como de sensibilización y capacitación en interculturalidad en el personal de salud.
 
En cuanto a participación, señalaron los pocos espacios con los que cuentan las y los jóvenes indígenas, porque el estigma sobre las juventudes limita su participación en espacios públicos y en especial en el ámbito laboral, y dispara la migración.
 
Estas organizaciones señalaron que sus Derechos Humanos no están garantizados en los espacios de participación y menos para las mujeres, a quienes no se les reconoce para tomar decisiones, “ni se les otorga la palabra”, ya que la ocupación de espacios y cargos públicos es muy limitado para las indígenas.
 
Incluso se dijo que en las asambleas las mujeres no cuentan para emitir votos, porque “no se les considera dignas”, lo que se traduce en nulo avance en participación política femenina en los pueblos indígenas.
 
En materia de violencia, además de señalar su exclusión de la vida pública, también se les limita su autonomía, a diferencia de los hombres, por lo que algunas de ellas buscan otras formas de desarrollo a través de la migración, pero al retornar a sus comunidades son estigmatizadas y rechazadas por su decisión y se les señala como “portadoras de valores contrarios a los de la comunidad”.
 
Algunas de las organizaciones que denunciaron esta situación son Salud Integral para la Mujer, el Observatorio de Violencia de Género de la Sierra Norte de Puebla; el Colectivo de Atención Integral para la Familia; la Red Nacional Católica de Jóvenes por el Derecho a Decidir, y la Fundación Mexicana para la Planeación Familiar, entre otras.
 
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