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Por la despenalización del aborto

Por la Redacción

Los gobiernos de los países de América Latina y el Caribe figuran entre los que presentan más restricciones legales al derecho de las mujeres a decidir la interrupción de un embarazo. Frente a estas restricciones, los abortos ilegales se realizan en precarias condiciones que representan un grave problema de salud para las mujeres.

De acuerdo con cifras de la organización internacional IPAS, aunque las leyes más restrictivas sobre el aborto se aplican en algunos países de América Latina, cada año se practican 900 mil interrupciones del embarazo inseguro en México y Centroamérica, así como tres millones en América del Sur.

Además, señala esta organización en su documento «IPAS en América Latina», cuya misión es el avance de la salud reproductiva de las mujeres, hasta 21 por ciento de las muertes maternas en la región deben asociarse con el aborto.

A nivel mundial, por cada siete nacimientos se practica un aborto inseguro; en América latina de cada tres muertes maternas una es por aborto.

DESPENALIZAR EL ABORTO

Desde hace dos décadas las mujeres latinoamericanas y caribeñas se reúnen para definir estrategias de defensa de los derechos sexuales y reproductivos y por la justicia de género. Los encuentros feministas de la región han sido un lugar importante para lograr consensos y definir estrategias y prioridades del movimiento de mujeres.

En el V Encuentro Feminista Latinoamericano y del Caribe realizado en Argentina en noviembre de 1990, con la participación de feministas procedentes de Bolivia, Brasil, Colombia, Chile, El Salvador, Guatemala, México, Nicaragua, Paraguay y Perú, se acordó declarar el 28 de septiembre como Día por la Despenalización del Aborto en América Latina y el Caribe, que fue elegido como fecha de referencia para una campaña que, desde 1993, impulsa acciones en los diferentes países de la región.

Ese mismo año en la reunión promovida por la Red de Salud de las Mujeres Latinoamericanas y el Caribe (RSMLAC) y coordinada por Católicas por el Derecho a Decidir (CDD) se creó la Coordinación Regional. Esta coordinación es rotativa y hasta la fecha ha sido coordinada por cinco organizaciones.

Esta campaña tiene como objetivo impulsar el cumplimiento de las leyes que permiten el aborto y generar avances en la legislación de los países de la región a través de la formación de consensos políticos, así como la revisión y liberalización de las leyes punitivas.

La campaña está integrada por mujeres organizadas de 21 países y por 7 Redes Regionales. En cada uno de los países se han realizado diversas acciones de sensibilización y educación utilizando la generación de información, la construcción de grupos de acción entre otras estrategias.

Desde 1991 la coordinación regional de la campaña ha estado bajo la responsabilidad de organizaciones feministas de reconocida actuación en el ámbito de la defensa de los derechos reproductivos como Católicas por el Derecho a Decidir, de Uruguay (1992 a 1994); el Grupo de Información sobre Reproducción Elegida (GIRE), de México (1994 y 1997); el Centro de Información y Desarrollo de la Mujer (CIDEM), de Bolivia (1998 y 1999); la Red Nacional Feminista de Saúde e Direitos Reprodutivos, RedeSaúde, de Brasil (2000-2002) y el Centro de la Mujer Peruana «Flora Tristán», de Perú (2003 a 2005).

ABORTO EN MÉXICO

En México, el aborto es un problema de salud pública no sólo por el índice de muertes, sino por las consecuencias (muchas veces irreparables) que tiene en la vida y en la salud de las mujeres.

Las organizaciones feministas y de mujeres establecen que además de ser un problema de salud pública, el aborto es un asunto de derechos humanos ya que está ligado al ejercicio libre de la maternidad voluntaria y la autodeterminación de la propia vida.

En el país, el aborto representa la cuarta causa de muerte en las mujeres, ya que la clandestinidad en la que se practica provoca la muerte de más de mil mujeres cada año, de acuerdo con cifras del grupo de Trabajo sobre Derechos Sexuales y Reproductivos (Desyr).

Son siete las razones oficiales por las que en México la ley no considera el aborto como delito: cuando el embarazo es producto de una violación, cuando el aborto es accidental, cuando a juicio del médico el embarazo pone en riesgo la vida de la mujer o cuando el producto tiene malformaciones genéticas (eugenésicas).

Cuando la continuación del embarazo amenace con dañar la salud de la madre y cuando el embarazo sea producto de una inseminación artificial no deseada. Sólo en el estado de Yucatán la ley reconoce como una causal de aborto la falta de recursos económicos para la manutención del menor.

A pesar de que estas causales dependen del Código Penal de cada estado de la República, el aborto por violación es un derecho que tenemos todas las mujeres, independientemente del lugar de residencia.

06/CV/LR

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