Representantes de un centenar de organizaciones de la sociedad civil anunciaron este sábado en Pátzcuaro, Michoacán, su decisión de enarbolar como bandera unificadora del movimiento ciudadano a la reforma del Estado mexicano.
«Dicha reforma conlleva, en nuestra perspectiva, una refundación constitucional de la República: de sus bases jurídico-constitucionales y generales, pero, sobre todo, de los valores y del rumbo de su desarrollo económico-social», afirmaron al concluir los trabajos del Encuentro Nacional «La Reforma del Estado y la Agenda Ciudadana».
La reforma requiere también de la edificación de un verdadero Estado de derecho que se instaure en lugar de las prácticas autoritarias y facciosas, afirmaron al suscribir la Declaración de Pátzcuaro, que resume las preocupaciones abordadas en los debates de tres días sobre diversos aspectos de la reforma del Estado.
El documento advierte que a casi cinco años del 2 de julio del 2000, se ha avanzado poco en el proceso de democratización del país, y que el enrarecimiento del ambiente político, en el que prevalece el conflicto, la estridencia y la descalificación, incluso al interior de los partidos políticos, está arrastrando al país a una fuerte crisis institucional.
Sostiene que en muchos sentidos y en casi todos los ámbitos, el viejo sistema autoritario conserva aún su entramado jurídico e institucional, manifiesto en las prácticas políticas que le acompañan.
Destaca que aun cuando tras muchos esfuerzos se logró el respeto a la voluntad ciudadana expresada en las urnas, la sana diversidad derivada de este proceso se ha topado con estructuras rígidas, que no permiten la conciliación de las legítimas demandas de los distintos sectores de la sociedad.
Factores como el incremento de la desigualdad, los alarmantes índices de inseguridad, el deterioro ambiental, la precaria gobernabilidad democrática, la corrupción galopante, la entrada de dinero sucio a la política, la utilización de la justicia para desacreditar al contrincante, «están poniendo en riesgo nuestra viabilidad objetiva como Estado soberano», alerta.
Esta situación, asegura, se expresa en un amplio y profundo estado de desencanto y desmovilización ciudadana que está propiciando la reaparición de un fuerte abstencionismo en los procesos electorales; en el abandono de la participación, en las cuestiones públicas, y en un incremento de las situaciones que propician la violencia, la confrontación, el desgarramiento y la descomposición del tejido social.
Además, señala, el estancamiento económico, la creciente dependencia y el desmantelamiento de sectores completos de la actividad productiva, así como la contracción del mercado interno y de los salarios, ponen en tela de juicio los propósitos y métodos de la economía del mercado vigente.
Por ello, considera, deben cuestionarse los fundamentos de ese modelo, así como el papel que el Estado debe jugar como garante del desarrollo frente a la lógica del mercado dominante.
«Existe una imperiosa necesidad de garantizar el respeto y la vigencia de todos los derechos humanos para toda la población, como columna vertebral de todo el quehacer político y gubernamental», afirma la Declaración.
Sostiene que en este contexto de un Estado fallido, los partidos políticos y el gobierno han dado la espalda a la sociedad y no han tenido la capacidad de destrabar juegos de intereses y limitaciones jurídicas e institucionales, que tienen al país en riesgo de una seria involución democrática y del ahondamiento de la crisis económica, política, social, ambiental, cultural y educativa.
México es una nación pluriétnica y pluricultural que tiene, además, grandes recursos intelectuales, científicos, culturales y artísticos, pero su escaso aprovechamiento esta lejos de traer los beneficios que podrían procurar a la sociedad, destaca.
Por ello, considera necesario revalorizar el campo cultural y educativo en una visión que integre las diversidades, los derechos y libertades culturales y la capacidad de producción y acceso a estos bienes y servicios.
También se requiere, agrega, fortalecer la pluralidad en la competencia política reconociendo la urgencia de la homologación y respeto a los marcos legales por parte de las autoridades electorales y los partidos políticos.
«Aspiramos a un Estado social democrático y laico sustentado en el respeto a la diversidad y la pluralidad de nuestra sociedad», puntualiza la Declaración.
En el documento, las organizaciones participantes hacen un llamado a la ciudadanía a debatir y reflexionar sobre la agenda propuesta para enriquecerla, y también la convocan a desarrollar acciones concretas para promoverla y llevarla a efecto, en un verdadero proceso de «ciudadanía en movimiento» desde todos los ámbitos privados y públicos, y desde todos los rincones del país.
«Debemos impedir toda involución democrática pero fundamentalmente debemos trabajar por otro futuro posible para nuestro país y el mundo. Un futuro que incluya a todos los mexicanos y mexicanas –incluso más allá de nuestras fronteras», afirman
Con esa visión, hacen también un llamado a la clase política y los partidos políticos a comprender que más allá del próximo cambio de gobierno, lo que está en juego es el proyecto de nación a la que aspiran los mexicanos y su viabilidad.
«Los instamos desde aquí a cumplir con esta tarea urgente y abrir los espacios para acordar y concretar una cabal reforma del Estado, mediante el diálogo franco, incluyente y plural, cuyo resultado sea la construcción de un proyecto común para todos y todas».
«Queremos una reforma integral, no sólo normativa y legal, sino que implique una nueva forma de ejercer el poder público en la que esté representada efectivamente y participe activamente la ciudadanía», exigen.
2005/LG/GM
