Reglamentar las consultas comunitarias con enfoques que ignoran las identidades indígenas busca inhibir los resultados que estas prácticas ciudadanas tienen en decenas de municipios de Guatemala.
La intencionalidad es desarticular cualquier resistencia social que contenga experiencias nuevas en la toma de decisiones, las cuales lleven implícito desactivar mecanismos racistas y machistas.
Desgraciadamente el Relator de Derechos de los Pueblos Indígenas de Naciones Unidas la desconoce, de ahí la importancia de hacerla explícita.
Los funcionarios del Sistema Nacional de Diálogo Permanente que dicen querer debatir la iniciativa gubernamental artículo por artículo con agrupaciones sociales, demuestran su falta de compromiso para garantizar los Derechos Humanos colectivos, en especial de los pueblos indígenas.
Sus pláticas se rigen bajo el supuesto de que «el interés nacional» es la inversión extranjera, de tal manera que dialogan con el fin de impedir que las consultas comunitarias se conviertan en un veto ciudadano para las grandes empresas transnacionales.
A pesar del lenguaje engañoso que utilizan los réferis del diálogo, develan su parcialidad, ya que en las mesas de conversaciones han demostrado su intención de desactivar el poder de las ciudadanas y ciudadanos críticos con el objetivo de garantizar el desarrollo de la agricultura extensiva para exportación, de la industria minera y extractiva, así como de la construcción de megaproyectos para favorecer el mercado, por poner algunos ejemplos.
Al querer «reglamentar» las consultas comunitarias se demuestra una vez más cómo la parte gubernamental avala a su antojo la legalidad, ya que si fuera cierto su respeto a la ley sin distingo de clase, etnia o género, entonces ya hubiera asumido las resoluciones de organismos internacionales, entre ellos las de la OIT referidas al reconocimiento de las consultas a los pueblos y a llenar vacíos sobre la problemática agraria, las vinculadas a la seguridad alimentaria y la suspensión de operaciones de una mina contaminante.
Han transcurrido ya más de cinco años desde que iniciaron las consultas comunitarias, suman más de 40, y seguirán realizándose en tanto los tentáculos de la iniciativa privada insistan en explotar los recursos naturales a costa de la vida e identidad de las personas, del agua, los bosques, las montañas, etcétera.
Para explicar la dimensión que están teniendo las consultas recupero lo escrito por Alba Cecilia Mérida, quien conocedora de su impacto, sostiene que éstas representan una posibilidad para construir relaciones políticas entre mujeres y hombres.
«Hemos alzado la mano para decir NO a las transnacionales, también tenemos derecho a mantenerla alzada para demandarle a los hombres, en general y en particular a los compañeros de lucha: que así como hemos declarado territorios libre de minería, nos acompañen en la lucha por la defensa de nuestros derechos».
* Periodista mexicana radicada en Guatemala, editorialista, integrante de la organización La Cuerda, cofundadora de la Red Centroamericana de Periodistas.
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