Por omisión del Estado, se agudiza violencia contra la niñez

Los riesgos de violencia en la infancia y adolescencia van en aumento, ya que el Estado no asume sus responsabilidades en el cuidado y crianza de las personas, las familias experimentan mayor pobreza, y las niñas son obligadas a ocupar la mayor parte de su tiempo en tareas del hogar, alertaron especialistas.
 
Durante el “Foro internacional sobre la prevención, protección y atención de la violencia hacia niñas, niños y adolescentes en la familia”, funcionarios, académicos y grupos civiles de México y Estados Unidos discutieron sobre los factores de riesgo que originan la violencia en la familia y la niñez.
 
El epidemiólogo Arturo Cervantes Trejo, profesor de la Universidad Anáhuac, advirtió que en los últimos años la violencia ha impactado la vida de las y los niños al grado de convertir el homicidio y el suicidio en la tercera y quinta razón de muerte en menores de edad en México.
 
Además, los costos de la violencia infantil son muy altos en cuanto la atención, pero también por las enfermedades que desatan en las y los niños que la padecen. Según las estimaciones del académico, esta violencia representa en costos el 15 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB).
 
Cervantes Trejo explicó que la violencia social es una epidemia y, por tanto, un problema de salud pública que debe prevenirse desde el trabajo integrado de las instituciones, pero que la desarticulación entre los diferentes sectores de gobierno y la corrupción han impedido que se realice un trabajo efectivo en la materia, observó.
 
Agregó que la violencia en las zonas fronterizas del país a causa del narcotráfico, el tráfico de armas y la delincuencia, es un panorama que impacta la vida y las aspiraciones de niñas, niños y adolescentes, por lo que mientras este problema no se atienda con políticas públicas y políticas internacionales coordinadas, habrá más muertes de menores de edad y mayor desunión familiar.
 
Al respecto, Elsa Herrera Bautiza, integrante de Juconi México, dijo que se deben restaurar los derechos de las niñas, niños y adolescentes y reconocer a la infancia como sujetos de derechos con autonomía de decisión.
 
Guadalupe Ordaz Beltrand, integrante de Incide Social, observó que aunque las tareas de cuidado y crianza en el hogar deberían ser una tarea del sector público y estar acompañadas de políticas públicas, el Estado genera una sobrecarga de trabajo a las familias y principalmente a las mujeres y las niñas.
 
La pobreza de las familias, cada vez más aguda, también agrava los riesgos de la infancia respecto de la violencia, ya que padres y madres destinan más horas al trabajo y las y los niños son más proclives a ser víctimas o integrar redes criminales.
 
Nasheli Ramírez Hernández, consejera de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, insistió en la importancia de trabajar directamente con las niñas y niños para fortalecer sus capacidades de autocuidado y brindarles herramientas de protección.
 
Recordó que la violencia al interior de las familias forma parte de una cultura milenaria de maltrato infantil que se ha justificado como parte de la atención y los cuidados de la niñez; sin embargo, “somos capaces como humanidad de romper las conductas que naturalizan la violencia y formar nuevas dinámicas en las relaciones”.
 
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