Por presión de la derecha, detienen ley de salud para las mujeres

Una iniciativa que promueve la salud sexual y reproductiva de las dominicanas retornó a una Comisión de Estudio, según petición del presidente de la Cámara de Diputados, Abel Martínez Durán, tras ser acogida por 120 legisladores en la sesión del pasado martes 14 de julio, bajo el argumento de que “fuera bien ponderada para su posterior debate y sanción”.
 
Este Proyecto de Ley de Salud Sexual y Reproductiva enfrenta, una vez más, a organizaciones feministas que trabajan por los derechos de las mujeres y a grupos religiosos que se oponen a temas como la interrupción del embarazo en determinadas circunstancias.
 
La decisión de la Cámara baja se produjo luego de que la coordinadora general del Centro de Estudios de Género del Instituto Tecnológico de Santo Domingo (Intec), Lourdes Contreras, advirtiera que el presidente del Congreso había retirado de la agenda del día la iniciativa propuesta por los diputados Cristian Paredes y Hugo Núñez Arias.
 
Martínez Durán cuestionó al periódico 7dias.com.do por difundir el 14 de julio la información de que “había sacado de agenda el proyecto de ley”, y dijo carecer de competencia para asumir tal decisión.
 
Sin embargo, solicitó devolver el proyecto a la comisión “para que en un espacio más amplio sea debatido, discutido y que, al final, pueda prevalecer la decisión de la mayoría”, indicó.
 
Decenas de religiosos se presentaron con pancartas frente al Congreso Nacional y DominicanosHoy publicó algunas de las consignas reflejadas en carteles: “República Dominicana respeta la ley de Dios… Varón y hembra los creó Dios”; el texto añadía que no permitiría el matrimonio entre personas del mismo sexo.
 
También el Consejo Dominicano de Unidad Evangélica (Codue) y el Grupo Acción Cristiana enviaron una comunicación a Martínez Durán, en la cual formularon su rechazo al proyecto porque entienden que “pretende convertir al Estado en el promotor del inicio temprano de las relaciones sexuales por parte de la niñez y la adolescencia e impone la enseñanza de la diversidad sexual y el erotismo en el currículo de la enseñanza”.
 
EL PROYECTO
 
El capítulo 10 de la iniciativa, en su artículo 64, presentado por la comisión encargada de su estudio y enviado a la Cámara de Diputados, apunta que la mujer podrá solicitar la interrupción de un embarazo dentro de las primeras 12 semanas de gestación, cuando este haya sido causado por una violación sexual o incesto.
 
El artículo 65 esboza: “El embarazo podrá ser interrumpido por causas médicas, siempre y cuando exista grave riesgo para la vida o la salud de la embarazada, y así conste en un dictamen emitido con anterioridad a la intervención por personal médico especialista, distinto del que la practique o dirija”.
 
A continuación, expone: “La interrupción del embarazo no podrá ser realizada sin la participación de un médico especialista o bajo su supervisión directa, llevada a cabo en un centro de salud pública o privada acreditado y con el consentimiento expreso y por escrito de la mujer embarazada, o de su representante legal, si la mujer sufre de alguna discapacidad mental”.
 
En diciembre de 2014, la Cámara baja convirtió en ley el Código Penal que despenaliza el aborto terapéutico, con un artículo que ordena la creación de una ley especial que regule la interrupción del embarazo cuando sea producto de violación, de una relación incestuosa o si el feto presentara malformaciones que la ciencia médica demostrara fueran incompatibles con la vida.
 
ESCABROSO CAMINO
 
Desde que el presidente Danilo Medina observó varios artículos del Código Penal a finales del pasado año, el tema del aborto terapéutico ha multiplicado los debates.
 
Según las estadísticas del Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica (Sinave), del Ministerio de Salud Pública, expuestas en la página web de esa institución, en 2014 la muerte materna “superó la suma de todas las enfermedades de control epidemiológico y bajo vigilancia especial, con excepción de la mortalidad infantil, registrándose 179 decesos”.
 
En el mismo espacio digital, la titular de Salud Pública, Altagracia Guzmán Marcelino, en un comunicado por el Día Internacional de Acción por la Salud de la Mujer, el pasado 28 de mayo, asevera que “la agenda pendiente del sistema de salud incluye la mortalidad materna, el embarazo en adolescentes, las enfermedades crónicas y la violencia de género”.
 
“Reiteramos el llamado a toda la sociedad a la acción por la salud de las mujeres, a contribuir con la reducción de las desigualdades de género y con el mejoramiento continuo de la salud de las mujeres, que es la meta que estamos en el camino de lograr”, subraya el texto.
 
Si bien medios de prensa nacionales consideran que el proyecto sigue pospuesto debido a presiones externas e internas, el presidente de los diputados, Abel Martínez, asegura legislar con apego a la verdad y a la transparencia, “porque para eso es que nuestros electores nos han puesto aquí, para representar a nuestro pueblo”, trascendió en el digital Nuevo Diario el pasado martes 14.
 
No obstante, el reenvío del texto a la comisión ha dilatado, sin duda alguna, un problema que afecta a una nación caribeña cuya tasa de embarazo precoz es de las más altas de la región.
 
Más del 20 por ciento de las menores de 20 años de edad son madres o están embarazadas; el 27 por ciento de las adolescentes no conocen el uso de anticonceptivos, lo mismo que el 21 por ciento de las adultas de 20 a 24 años, conforme a la Encuesta de Salud (Endesa) 2013.
 
Voces que reclaman cambios en las políticas públicas en materia de salud de las mujeres responsabilizan de esta epidemia de embarazos en adolescentes, entre otras razones, a la Iglesia católica. Habrá que ver cuánto dura este impase que debe solucionar el Poder Legislativo.
 
La Colectiva Mujer y Salud ha hecho público su parecer, según consta en una declaración recogida en DominicanosHoy con motivo del Día Internacional de Acción por la Salud de la Mujer.
 
“Mientras la Iglesia católica sigue dictándole al Ministerio de Educación los contenidos curriculares de la educación pública (cero educación sexual) y a la Red de Farmacias del Pueblo (o Boticas Populares) los productos que no puede vender (métodos anticonceptivos y condones), las tasas de embarazos en adolescentes no bajarán nunca”, sostiene la declaración.
 
Desde el movimiento de mujeres también se demandó aprobar dos leyes indispensables para el mejoramiento de la salud de las dominicanas: la Ley que Garantiza la Salud Sexual y la Salud Reproductiva, y la Ley Orgánica Sobre el Sistema de Protección Integral Contra la Violencia a las Mujeres.
 
“Ambas piezas legislativas, elaboradas por especialistas del más alto nivel y ampliamente consensuadas por una diversidad de actores sociales, llevan años acumulando polvo ante la indiferencia de los legisladores”.
 
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