Por sexta ocasión presentan iniciativa para despenalizar aborto en Argentina

Por sexta ocasión en nueve años, se presentó ante el Congreso argentino una iniciativa, elaborada por la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal Seguro y Gratuito, para despenalizar el aborto hasta las 14 semanas de gestación y garantizar su acceso en condiciones seguras y gratuitas.
 
Con actividades en todo el país, una conferencia de prensa y un festival en la Ciudad de Buenos Aires, más de 350 organizaciones acompañaron la semana pasada, en la Cámara de Diputados de la Nación, la presentación de esta iniciativa para la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE), proyecto que ahora cuenta con la
adhesión de más de 40 legisladores de distintos bloques.
 
La iniciativa propone que las mujeres que decidan interrumpir un embarazo no deseado puedan hacerlo hasta la semana 14 de gestación, y más allá de ese plazo en situaciones de violación o si está en riesgo la vida o la salud de la gestante; de acuerdo a lo que establece el nuevo Código Civil, el proyecto incluye a las adolescentes de entre 13 y 16 años.
 
En todos los casos, las mujeres podrán atenderse tanto en el sistema de salud público como en el privado, y las obras sociales deberán cubrir la intervención.
 
“Instamos a las y los legisladores a encarar esta problemática social, que es la principal causa de mortalidad de mujeres gestantes en nuestro país”, señalaron en el marco del festival por la nueva presentación del proyecto IVE desde la Campaña que se identifica con el color verde y el hashtag #AbortoLegal.
 
En Argentina, la penalización no disuade a las mujeres a abortar. Por el contrario, en muchos casos las obliga a hacerlo en condiciones peligrosas para su salud y su vida. Según las cifras de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), cada año se practican en el país entre 486 mil y 522 mil  abortos inseguros (más de un aborto por cada dos nacimientos). Durante los últimos 30 años las complicaciones derivadas de este tipo de abortos son la primera causa de mortalidad materna y representan un tercio del total de esas muertes.
 
El derecho a la IVE, es uno de los temas que quedaron fuera del profundo proceso de reformas legales ampliatorias de derechos que se produjo durante los gobiernos argentinos de los últimos 12 años.
 
Ahora el primer desafío del proyecto que acaba de ser presentado es llegar a ser discutido en el recinto por primera vez en nueve años.
 
Los legales también son obstaculizados
 
#JusticiaPorJuana y ‪#‎LibertadParaBelen son dos consignas que organizaciones feministas, sociales y de derechos humanos argentinas impulsan en las redes sociales en los últimos meses y forman parte del clima de esta sexta presentación del proyecto de ley. Detrás de estas dos consignas hay historias que expresan la magnitud de la resistencia judicial y política para otorgar el acceso a este derecho incluso en los casos autorizados por la ley.
 
Juana tiene 12 años, pertenece a una comunidad wichi de Salta, en el norte argentino, tiene un retraso madurativo y fue violada por al menos siete varones. Sin embargo, debió llegar al séptimo mes de embarazo y atravesar hace un mes una cesárea porque el feto era anencefálico. Su derecho al aborto era legal (contemplado en el Código Penal desde 1921 y subrayado por el histórico fallo de la Corte argentina, que hace cuatro años buscó poner un tope a la práctica de entorpecer los abortos autorizados) pero Juana no pudo ejercerlo.
 
Belén es una tucumana de 27 años que está presa hace dos años, condenada -en un juicio cuestionado- por haber sufrido un aborto espontáneo en un hospital. Por esta emblemática violación de derechos humanos, Amnistía Internacional lanzó una campaña urgente, y la siguiente semana podrían surgir novedades de la mano de nuevas presentaciones judiciales para la liberación de la joven.
 
Ya en 2011, el Comité de Derechos Humanos de la ONU condenó a Argentina por negarle a una joven con discapacidad que había sido abusada sexualmente, acceder a un aborto permitido por el Código Penal desde 1921. En 2014, el país cumplió en pedirle disculpas públicas a esta joven, que luego fue indemnizada; pero como muestran los casos de Juana y Belén, Argentina aún está lejos de cumplir con las medidas necesarias para evitar que, incluso en casos permitidos, las mujeres sean expulsadas del sistema de salud y empujadas al riesgoso circuito clandestino.
 
16/MB/JLMK/LGL