Con la participación de 15 periodistas e integrantes de organizaciones de la sociedad civil, IPAS México y el Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE), este día dio inicio en esta ciudad el taller «Por una maternidad libre y voluntaria».
El evento forma parte de una campaña que impulsa Comunicación e Información de la Mujer (CIMAC), con apoyo de la Fundación Ford, en cuatro países de Centroamérica (El Salvador, Honduras Guatemala, Nicaragua) y en 17 entidades federativas de México que desde 2008 han reformado sus Constituciones para «proteger la vida» desde el momento de la concepción-fecundación y criminalizar el aborto.
Dichas modificaciones fueron señaladas en su momento por organizaciones de la sociedad civil, como una estrategia de la derecha para revertir las modificaciones a la Ley de Salud del Distrito Federal –que permite la interrupción legal del embarazo hasta las 12 semanas de gestación-aprobada en 2007 y ratificada como constitucional por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en 2008.
Y se hicieron en un país en donde, según el Observatorio Ciudadano Nacional de Feminicidio (OCNF), ocurren alrededor de 120 mil violaciones al año, 1 cada 4 minutos, 65 por ciento son mujeres de entre 10 y 20 años, la mayoría no reciben servicios integrales de salud.
Para Mariana Winocur, Coordinadora de Comunicación de GIRE, con las reformas se violó el artículo 4º constitucional que establece en México como garantías individuales: el derecho de toda persona a la protección de la salud y a decidir de manera libre, responsable e informada sobre el número y el espaciamiento de sus hijas e hijos.
Así, «no sólo se criminalizó el aborto sino también se negó el acceso a métodos anticonceptivos y servicios de salud reproductiva de las mujeres», dijo.
CRIMINALIZACIÓN EN CAMPECHE
En marzo de 2010 una estudiante universitaria de 20 años de edad fue denunciada y puesta a disposición de un juez del ramo penal, adscrito al Centro de Readaptación Social (Cereso) de Ciudad del Carmen, Campeche, acusada de interrumpir su embarazo de forma insegura.
No obstante que la joven declaró que lo hizo de forma voluntaria, sólo quedó «libre bajo caución» y tuvo que enfrentar un proceso legal durante ese año.
El evento sucedió un año después de la reforma al artículo 6º de la Constitución estatal, aprobada por el congreso local el 23 de abril de 2009 y que señala:
«Toda persona tiene derecho a que se respete su vida. Este derecho estará protegido por la ley desde el momento de la fecundación o concepción hasta su muerte natural, con las salvedades ya previstas en las leyes ordinarias».
Al momento de su aprobación el gobernador era Jorge Carlos Hurtado (2003-2009) del Partido Revolucionario Institucional (PRI). La reforma se publicó en el Periódico Oficial estatal el 1º de septiembre de ese año.
El Código Penal de Campeche no se modificó y permite la interrupción legal del embarazo en varias causales, según la última actualización del 16 de diciembre de 1975, como lo marcan los artículos 298 y 299, cuando: el embarazo es a causa de una violación; el aborto es provocado accidentalmente (o de manera imprudencial), y el embarazo pone en riesgo la vida de la mujer.
El 15 de octubre de 2009, un grupo de 60 mujeres de Campeche presentaron amparos ante los Juzgados de Distrito en esta entidad federativa, argumentando que la reforma al artículo 6º constitucional estatal vulnera y desconoce los derechos fundamentales de las mujeres reconocidos en la Constitución Federal.
Los amparos de las mujeres de Campeche, Guanajuato, Sonora y Yucatán aún están en trámite en los Juzgados de Distrito (primera instancia) competentes a la justicia federal y en los de cada entidad.
10/CV/HE/LGL
