Agrupaciones de Derechos Humanos (DH) rechazaron el reingreso de Honduras a la Organización de los Estados Americanos (OEA) porque aseguran que desde el golpe de Estado, el 28 de junio de 2009, se cometieron innumerables violaciones a la libertad de expresión, de reunión e incluso asesinatos de activistas y opositores al régimen.
El Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil), el Centro de Derechos de Mujeres, la Colectiva de Mujeres Hondureñas, el Comité por la Libre Expresión, el Movimiento de Mujeres por la Paz «Visitación Padilla», y otras agrupaciones nacionales e internacionales, afirmaron en un comunicado que Honduras no reúne las garantías suficientes para regresar a la OEA.
Desde el 28 de junio de 2009, cuando el país centroamericano estaba en crisis política, las fuerzas armadas hondureñas allanaron el domicilio del entonces presidente, Manuel Zelaya, y lo desterraron. Comenzó entonces una ola de violaciones a los DH de comunicadores, periodistas y defensores humanitarios, y una represión militar que fue denunciada por grupos feministas.
Cinco meses más tarde, el 29 de noviembre de 2009, se realizaron elecciones generales en Honduras. El ganador fue Porfirio Lobo –quien tomó posesión del cargo el 27 de enero de 2010–, con lo cual se anunció la conformación de un gobierno de unidad y la reconciliación nacional, sin embargo las organizaciones aseguran que no se reestableció el Estado de Derecho.
Las agrupaciones aseguraron que el Acuerdo para la Reconciliación Nacional y la Consolidación del Sistema Democrático en la República de Honduras (mejor conocido como Acuerdo de Cartagena de Indias), que el pasado 22 de mayo firmaron Porfirio Lobo y Manuel Zelaya con el objetivo de que éste último regrese al país, es un paso significativo pero no reconoce las violaciones a DH.
Afirmaron que el Acuerdo de Cartagena de Indias no reconoce las violaciones ni establece un mecanismo efectivo para su investigación, sanción y adecuada reparación. Si bien se menciona que la Secretaría de Justicia y Derechos Humanos debe atender dichas denuncias, ésa es competencia del Ministerio Público y del Poder Judicial de Honduras.
«El Acuerdo hace evidente la falta de reconocimiento de las graves vulneraciones a los derechos ocurridas en el contexto del golpe de Estado», advirtieron las organizaciones.
Lamentaron que el acuerdo no establezca bases ni compromisos para que los responsables de romper el orden constitucional –al cometer graves violaciones a los DH– sean investigados y sancionados ya que aseguran que muchos de ellos continúan como funcionarios en la Corte Suprema de Justicia, en el Ministerio Público y en el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos.
Asimismo recordaron que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), órgano autónomo de la OEA, informó el 30 de noviembre de 2009 que varios miembros de la cúpula militar que lideró el golpe de Estado se mantienen en la dirección de instituciones que forman parte del Poder Ejecutivo.
La Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) denunció en marzo de 2010 que estos órganos fallaron en el cumplimiento de sus mandatos a costa de la protección de los DH y del respeto del Estado de Derecho.
Si bien es importante que el Estado hondureño se reintegre a la OEA, los grupos civiles afirmaron que antes se debe investigar y enjuiciar a las personas que violaron los DH y a quienes han atentado en contra del Estado de Derecho. «Como mínimo, la OEA debe retomar las recomendaciones dadas por la Comisión de Alto Nivel nombrada por esta institución en junio de 2010», aclararon.
Las agrupaciones indicaron que «un reingreso incondicional en dichas circunstancias va en detrimento no sólo de la democracia hondureña, sino también de todas las democracias del continente americano».
Ante este panorama, las organizaciones exhortaron a la Asamblea General de la OEA –que se reunirá del 5 al 7 de junio en su 41 periodo ordinario de sesiones en El Salvador– a evaluar el cumplimiento de las recomendaciones que se han hecho a Honduras sobre los asesinatos de periodistas y defensores humanitarios.
Asimismo pidieron que se valoren las medidas para poner fin a las amenazas y hostigamientos contra defensores de DH, periodistas, comunicadores sociales, maestros y miembros del Frente Nacional de Resistencia Popular y juezas y jueces que participaron en actividades contra el golpe de Estado, además de revisar cómo se implementaron las medidas cautelares otorgadas por la CIDH.
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