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Posible demanda contra autoridades de Guanajuato

Por Silvia Magally

Mujeres organizadas analizan la posibilidad de demandar penalmente a autoridades del central estado de Guanajuato, quienes negaron el aborto por violación a una joven con retraso mental llamada Sandra, informaron hoy grupos civiles.

Alma Luz Beltrán, representante del Grupo de Información en Reproducción Elegida (Gire) pidió castigo para las autoridades que impidieron a Sandra ejercer el derecho al aborto legal.

En entrevista, Beltrán dijo que procede presentar una denuncia contra María del Rocío Mayo, agente del Ministerio Público (MP), número tres especializada en Delitos Sexuales, por abuso de autoridad, delito tipificado en el artículo 261 del Código Penal de Guanajuato.

Observó que las autoridades de Guanajuato, encabezadas por el gobernador de Carlos Romero, del conservador Partido Acción Nacional, (PAN), se escudan en la falta de procedimientos que hagan efectivo el artículo 163 del Código Penal local, que permite el aborto cuando el embarazo sea por violación.

Respecto a recientes declaraciones de Romero, quien eximió a la MP de toda responsabilidad y negó que haya incurrido en negligencia porque ofreció a la víctima apoyo psicológico, Beltrán dijo que constituyen un claro ejemplo de una “mentalidad rígida y conservadora” que vulnera los derechos humanos.

INTIMIDACION

Calificó como grave el hecho de que María del Rocío Mayo haya mentido e intimidado a la madre de la víctima, Martha Macías, argumentando que el aborto es punible en el estado, lo que merece castigo, insistió.

Por su parte, la directora de la organización Afluentes, grupo especializado en educación sexual, Gabriela Rodríguez, aseguró que Carlos Romero promueve la violencia contra las mujeres con su visión conservadora, como lo demuestra el caso de Sandra a quien a pesar de sus condiciones están obligando a ser madre.

Adelantó que el caso será llevado a todas las instancias estatales, nacionales e internacionales como ocurrió en el caso Paulina, menor indígena de Mexicali, Baja California (norte de México) a quien también autoridades del PAN negaron el recurso del aborto legal por violación en 1999.

Verónica Cruz, coordinadora de la región centro de Milenio Feminista, -con sede en León, Guanajuato-, dijo que no le sorprenden las declaraciones del gobernador ya que siempre justifica los errores de su administración, y recalcó que la MP tenía la obligación de apegarse al marco legal en este caso.

2003/SM/MEL

       
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