Posibles sentencias contra México por casos Atenco y Digna

El Estado mexicano se encamina a recibir más condenas por violar Derechos Humanos, al fallar en su pretensión de que los casos no sean revisados por la CIDH.
 
El gobierno de Enrique Peña Nieto pretendió dar por concluido el caso de 11 mujeres víctimas de tortura sexual ocurrido en los operativos policiacos del 3 y 4 de mayo de 2006 en San Salvador Atenco, Estado de México, pese a que ellas no han accedido a la justicia.
 
En la misma tónica, la cancillería y el Gobierno del Distrito Federal trataron de frenar el caso de la muerte de la abogada y defensora Digna Ochoa, para evitar que sea admitido por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). 
 
Esta semana, una comitiva del Estado mexicano acudió a Washington para responder ante la CIDH por ambos casos y aprovechar para dar por concluidas las acusaciones e impedir que sean motivo de escrutinio o de una eventual sentencia internacional.
 
Lía Limón, subsecretaria de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, y Juan Manuel Gómez-Robledo, subsecretario para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la cancillería, fueron los encargados de esa tarea.
 
Ambos ofrecieron dar por concluido con una “solución amistosa” el caso de tortura sexual que puso en jaque la campaña presidencial de Peña Nieto, toda vez que el priista fue acusado de ordenar los operativos que dejaron como saldo 47 mujeres detenidas, 27 de ellas violadas sexualmente. 
 
Como gobernador del Edomex, Peña Nieto aseguró que las denuncias de violación sexual podrían ser acusaciones prefabricadas, porque así eran las tácticas de grupos radicales, y más aún en mayo de 2012 como candidato presidencial reiteró que los operativos fueron una acción para “restablecer el orden”.
 
Luego del testimonio de Bárbara Italia Méndez, quien relató cómo fue detenida y torturada, el Estado mexicano reconoció que hubo excesos, pero Lía Limón sostuvo que no se trató de una estrategia orquestada por altos mandos, ofreció su “solidaridad” y manifestó su disposición de llegar a un acuerdo con las víctimas.
 
Gómez-Robledo dijo que México tenía una política de “soluciones amistosas” en casos ventilados ante la CIDH como una forma idónea de reconocer las obligaciones del Estado frente a las víctimas. Recordó que de 2006 a 2012 se concretaron 21 acuerdos de este tipo.
 
Incluso el subsecretario explicó que ya habían elaborado una propuesta que comprendería rubros como una revisión de las investigaciones penales, una compensación económica, tratamiento médico y psicológico, legislar sobre el uso legítimo de la fuerza, y apoyos como educación y vivienda.
 
Sin embargo el Estado fracasó en su intentona de dar por concluido el caso ante la CIDH, ya que las víctimas rechazaron la propuesta al señalar que desean seguir con el litigio hasta lograr que llegue ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH), y eventualmente dicte una sentencia contra México.
 
PGJDF SE LAVA LAS MANOS
 
En la otra audiencia, relacionada con la solicitud de la familia de la abogada Digna Ochoa –presuntamente asesinada en octubre de 2001– para que la CIDH dé entrada al caso, aún falta ver la decisión de los comisionados para saber si el Estado mexicano logró su pretensión de frenar la petición.
 
En 2012 este órgano autónomo de la Organización de Estados Americanos recibió 273 peticiones de casos de México, lo que lo convierte en el segundo país –sólo detrás de Colombia– con más acusaciones por violar los Derechos Humanos (DH).    
 
La familia sostiene que el caso de Digna es emblemático por las irregularidades que se cometieron en las investigaciones, pero la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal rechazó las acusaciones.
 
En 2012 la dependencia capitalina concluyó que Ochoa se suicidó de tres balazos.
 
Jorge Antonio Mirón Reyes, subprocurador jurídico de la PGJDF, argumentó ante la CIDH que el caso ya se cerró en México, y que en todo caso la defensa legal estuvo en falta porque no impugnó la decisión, y por tanto no debe ser admitido.  
 
Para justificar el “impecable” desempeño de la autoridad en las pesquisas, el funcionario presumió que la fiscalía especial que se creó para investigar lo ocurrido realizó mil 500 diligencias y 269 intervenciones policiales; obtuvo 282 declaraciones y analizó 595 informes de la policía y otras autoridades.
 
Dijo además que se agotaron las diversas líneas de investigación: la presunta participación de militares, hipótesis que fue desvirtuada conforme avanzaban las indagaciones; el trabajo de Digna en el estado de Guerrero, que tampoco prosperó, y la del suicidio, que al final se fortaleció.
 
Pero para la Asociación Nacional de Abogados Democráticos y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional, en este caso debe quedar claro que las indagaciones fueron sesgadas y parciales.
 
13/AGM/RMB/LGL