Esto permitirá esclarecer los factores que determinan la situación de pobreza, marginación, maltrato e invisibilidad de la infancia en Chiapas, sobre todo teniendo en cuenta el modelo económico actual que ha traído consigo desigualdades regionales, crecimiento urbano acelerado, dispersión y aislamiento de la población rural, y nuevos procesos migratorios, entre otros.
En ese sentido, son preocupantes las asignaciones presupuestarias destinadas a niñas, niños y adolescentes ya que son bajas e insuficientes, en particular para gasto social, incluyendo salud y educación.
Además, la falta de infraestructura adecuada y personal capacitado para la atención de la infancia en centros de salud, procuradurías y ministerios públicos, se reflejan en el bajo índice de denuncia de violación a derechos y contribuyen a la marginación y exclusión de la infancia.
Pero aunque es responsabilidad del Estado garantizar el cumplimiento de los derechos de las niñas, niños y adolescentes, sin embargo, es una responsabilidad compartida con los padres, madres, profesores, y sociedad civil en general.
Es tarea de todos, dice el organismo, conocer los derechos de la infancia, contribuir a la vigilancia de su cumplimiento y denuncia de su violación, para que el Estado cumpla con la obligación de su restitución.
Hacerlo es un asunto de voluntades políticas, de corresponsabilidad entre el Estado y la sociedad civil, un asunto público, a diferencia de cómo actualmente se concibe a la infancia, como un problema privado, desde el ámbito meramente familiar, enfatizan.
07/GG