La activista Sara López González, quien desde hace 8 meses permanece en prisión por participar en la protesta contra las altas tarifas de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) en Candelaria, Campeche, será galardonada con el Premio nacional de derechos humanos «Don Sergio Méndez Arceo», el próximo 24 de abril.
Sara López, considerada presa de conciencia por Amnistía Internacional, recibirá la distinción, que desde 1993 otorga la fundación morelense Don Sergio Méndez Arceo para reconocer, estimular y dar apoyo a personas que destacan por «su valor en la defensa y promoción de una cultura de respeto a los Derechos Humanos (DH) en nuestro país».
La activista, quien también ha participado en la defensa de derechos humanos de distintos pueblos y colonias populares en Campeche y en los campamentos de refugiados guatemaltecos en Chiapas y Quintana Roo, actualmente está encarcelada en el penal de San Francisco Koben, Campeche.
López González fue detenida «con lujo de violencia y humillaciones», el pasado 10 de julio de 2009. Fue encarcelada, junto con sus compañeros Joaquín Aguilar y Guadalupe Borjas, acusados de privar de su libertad a un funcionario de CFE, y de obstrucción de obra, informaron en su momento los abogados que llevan el caso.
Las acusaciones en contra de Sara, Joaquín y Guadalupe fueron hechas después de varias protestas que comenzaron desde septiembre de 2008, cuando cerca de 40 personas del poblado Candelaria acudieron ante las oficinas locales de la CFE para solicitar la reconexión del suministro.
La empresa había cortado el servicio a la comunidad por falta de pago, a pesar de que había una negociación en curso.
La primera demanda penal, interpuesta por el representante legal de la CFE, fue por el cargo de obstrucción de la entrega de un servicio público, un delito menor.
Posteriormente, la Procuraduría General de la República (PGR) «fabricó el cargo de la toma de rehén, un delito mayor que no permite fianza», aseveró Amnistía Internacional tras investigar lo ocurrido en Candelaria.
Para el 8 de enero de este año, el Tribunal Unitario de Circuito de Mérida dictaminó que «no se acreditan ninguno de los delitos por los que fueron encarcelados», ya que la evidencia era insustancial.
Por lo que ordenó a las autoridades locales que reclasificaran el delito y de no poder hacerlo dictarán el auto de libertad correspondiente, informaron los abogados de estas personas en reclusión.
Sin embargo, la PGR apeló esta sentencia «sin justificación», a decir de Amnistía Internacional, prolongando la detención de Sara, Joaquín y Guadalupe.
10/GCJ/LR/LGL
