Inicio Preocupa a la FIDH la militarización en varios estados de la República Mexicana

Preocupa a la FIDH la militarización en varios estados de la República Mexicana

Por Román González

La creciente intervención de los militares en la sociedad, específicamente en los estados de Chiapas, Guerrero y Oaxaca, ha creado un clima de miedo entre la población, señaló la Federación Internacional de Derechos Humanos FIDH.

El pronunciamiento del organismo internacional, que tiene su sede en París, Francia, se dio en el marco de la visita de una Misión Especial a México para realizar una investigación sobre la situación de los derechos económicos, sociales y culturales de los pueblos indígenas en nuestro país.

En ese sentido, la FIDH manifestó su preocupación por la militarización de las instancias civiles de procuración de justicia, como sucede en la Procuraduría General de la República (PGR), encabezada por un general –Rafael Macedo de la Concha–, quien fuera procurador general del Ejército Mexicano.

La FIDH condenó el asesinato de la abogada defensora de los derechos humanos, Digna Ochoa, así como las amenazas contra otros defensores. De ello urgió a las autoridades mexicanas a brindar todo el reconocimiento y las garantías necesarias a la integridad y la labor de los defensoras de derechos humanos en nuestro país.

La FIDH señaló que ha acogido con beneplácito los distintos pronunciamientos del gobierno mexicano sobre su compromiso indeclinable por el respeto de los derechos humanos. Sin embargo, deploró que el Estado mexicano no haya cumplido las recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que urgen la liberación inmediata del general José Francisco Gallardo.

También, con base en0 conclusiones preliminares, la FIDH lamenta que a pesar de que el Estado mexicano ratificó el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), relativo a los pueblos indígenas, éste no se ha implementado a nivel interno.

Más preocupante aún, señaló el organismo, es que los acuerdos de San Andrés Larráinzar y la propuesta legislativa de la Comisión de Concordia y Pacificación (Cocopa), que abrían el camino del consenso sobre el reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas no fueron incorporados en la reforma constitucional de agosto de 2001.

Asimismo, consideró que los programas de apoyo a la población marginada deben ser revisados con el objeto de permitir y hacer efectiva la participación de los beneficiarios. “En los pueblos indígenas es indispensable una consulta informada y el fomento de su participación activa en la implementación de estos programas”.

Además, instó a las autoridades mexicanas a analizar la situación de las mujeres indígenas. “Se necesita una visión transversal y políticas generales en todos los programas estatales y federales, respetando las formas culturales propias de los pueblos indígenas. Debe haber una diálogo incluyente, donde se promueva la participación femenina”.

Así, la FIDH manifiesta su preocupación de que la situación de los pueblos indígenas, luego de 10 años desde la ratificación del Convenio 160 de la OIT por México y casi siete años después del alzamiento zapatista, no ha mejorado. “Persiste la marginalidad, la exclusión y la pobreza de los pueblos indígenas”.

       
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