Amnistía Internacional (AI) manifestó su preocupación por el feminicidio y la situación de los derechos humanos en México, informó la Liga Mexicana por la Defensa de los Derechos Humanos (LIMDDH).
En un documento preliminar de AI de dos cuartillas difundido por la LIMDDH, el organismo internacional resaltó también su preocupación porque Guadalupe Morfin, Comisionada Especial para Prevenir y Erradicar la Violencia de Género en Ciudad Juárez, no tiene acceso a los expedientes de los casos de feminicidio, limitando su capacidad de acción.
También porque sean las propias autoridades de Chihuahua, las responsables de investigar los casos de negligencia y omisión identificados por la Fiscal Especial para la investigación de los homicidios de mujeres en Ciudad Juárez, María López Urbina, en su informe reciente.
AI resalta su extrañeza porque en el ámbito federal, las iniciativas de reformas a la Constitución y al sistema de justicia penal promovidas por el Ejecutivo han sido cuestionadas por las organizaciones de derechos humanos debido a la falta de transparencia en la elaboración de los proyectos.
Además, de que el futuro del Programa Nacional de Derechos Humanos al parecer es incierto dada la falta de claridad en el proceso de consulta.
Para el organismo internacional las propuestas legislativas contienen elementos positivos en materia de derechos humanos, aunque existe preocupación por el hecho de que las garantías recogidas en los tratados internacionales no quedan plenamente reflejadas en las iniciativas.
«El Congreso de la Unión ahora debe aprobar una legislación basada en las recomendaciones de los instrumentos internacionales y particularmente, en el Diagnóstico sobre la situación de Derechos Humanos en México, llevado a cabo por la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas en México y entregado al Presidente Vicente Fox en diciembre de 2003», agrega el documento.
Según este informe preliminar, las violaciones a los derechos humanos son cotidianas en los estados, y la impunidad es casi total, siendo Guerrero, Oaxaca y Veracruz, las entidades donde se registran los más altos niveles, mismas que fueron visitadas por integrantes de AI.
En ese sentido, explica que la organización ha tenido conocimiento de situaciones en las que la justicia se manipula en contra de aquellos que reclaman sus derechos, así como arbitrariedades por parte de las autoridades locales, particularmente contra las personas más marginadas.
Consideran también que la presencia del Ejército en las comunidades indígenas sigue ocasionado abusos, en tanto que los derechos económicos, sociales y culturales no son una realidad para la gran mayoría de la población.
2004/SJ/GV/SM
